El teletrabajo ha transformado la forma de trabajar en muchas empresas, pero también ha generado nuevos retos legales relacionados con el control horario, la prevención de riesgos laborales y la responsabilidad empresarial.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo vuelve a situar este debate en el centro al declarar accidente laboral el infarto mortal sufrido por una trabajadora en régimen de teletrabajo.
La resolución establece además un criterio especialmente relevante: corresponde a la empresa y a la mutua demostrar que el siniestro ocurrió fuera del tiempo efectivo de trabajo cuando existen dudas sobre la jornada laboral desarrollada en remoto.
La sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 23 de abril de 2026, supone un importante precedente para las empresas que aplican modelos de trabajo a distancia o sistemas híbridos.
El caso analizado se centraba en determinar si el infarto sufrido por una trabajadora desde su domicilio debía considerarse accidente laboral o contingencia común. Aunque el domicilio ya puede reconocerse como lugar de trabajo en situaciones de teletrabajo, el verdadero conflicto jurídico se encontraba en determinar si el fallecimiento se produjo dentro del tiempo efectivo de trabajo.
La empleada tenía una jornada flexible comprendida entre las nueve de la mañana y las siete de la tarde, sin que la empresa hubiese delimitado correctamente las pausas ni los descansos.
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es el análisis del sistema de registro horario utilizado por la empresa.
El Tribunal Supremo considera insuficiente un control genérico basado únicamente en el cómputo global de horas trabajadas. La resolución recuerda que el registro horario debe reflejar de manera clara y fiable:
Según el Alto Tribunal, cuando la empresa no puede acreditar adecuadamente estos elementos, la duda no puede perjudicar al trabajador.
Este criterio adquiere especial importancia en modelos de teletrabajo con horarios flexibles, desconexiones intermitentes o sistemas de supervisión poco precisos.
La sentencia analiza varios indicios que llevaron al Tribunal a aplicar la presunción de laboralidad prevista en el artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social.
Entre los elementos valorados destacan:
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