Asesoria & Asesores Fiscales

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EGIPTO

La CPA decidirá una demanda contra Egipto por accidente aéreo

La demanda está relacionada con un accidente de avión que, según los expertos, fue causado por la explosión de una bomba. Ocurrió en 2015 en el desierto del Sinaí en Egipto. En el accidente murieron 224 pasajeros, la mayoría de ellos turistas rusos. La aerolínea rusa Metrojet (marca de Kogalymavia Airlines) y el turoperador turco, Prince Group (ambas compañías propiedad de D. Ismail Lepiev) reclaman al menos 200 millones de USD en una demanda de inversión contra Egipto ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya por el supuesto atentado terrorista.

Los demandantes presentaron la demanda en 2017, reclamando indemnización por los daños directos causados por el accidente y la pérdida de su inversión en la economía egipcia. La compañía, que poco después del accidente dejó de volar y solicitó declaración de concurso, reclama una indemnización de daños de 90 millones de USD. El turoperador turco reclama 111 millones de USD.

Egipto gana la segunda demanda de inversores de algodón

Un tribunal del CIADI ha desestimado una demanda de 500 millones de USD presentada contra Egipto por una familia residente en los Estados Unidos, la familia Wahba, en relación con sus inversiones en una empresa algodonera casi dos décadas después de que un tribunal del CIADI desestimara la demanda de miembros de la misma familia basándose en su doble nacionalidad (egipcia/estadounidense).

El tribunal arbitral decidió dividir el procedimiento arbitral, para oír primero las alegaciones sobre competencia y admisibilidad. Parece ser que el tribunal desestimó todas las pretensiones de la familia, determinando que carecía de competencia sobre algunos de sus miembros y que el resto de las pretensiones eran inadmisibles. El tribunal condenó además a la familia Wahba a pagar todas las costas y honorarios de abogados de Egipto.

El pasado año, Egipto demandó a la familia, en esa ocasión ante un órgano jurisdiccional del estado de Delaware. El Estado egipcio alegó que la familia había intentado reiteradamente “ratificar actos societarios defectuosos” con el fin de crear, con carácter retroactivo, competencia objetiva para su demanda de arbitraje de inversión. El caso se encuentra pendiente.

LIBIA

Libia se impone a un constructor indio en otro arbitraje ante la CCI causado por la guerra civil en el país

Un arbitraje administrado por la CCI, con sede en París y regulado por la legislación libia, ha concluido con una sentencia que desestima una demanda de 205 millones de USD del contratista indio Punj Lloyd contra la petrolera estatal Sirte Oil, filial de la Libyan National Oil Corporation, en relación con un proyecto de construcción que se vio interrumpido por la guerra civil.

En 2006, Punj Lloyd y Sirte Oil suscribieron dos contratos para la construcción de una serie de oleoductos y estaciones de compresores en Libia. Punj Lloyd ha declarado que los daños causados por la guerra civil, que se inició en 2011, ascienden a 55 millones USD. Cuando estalló el conflicto, el proyecto no se había acabado completamente, aunque Punk Lloyd afirma que había avanzado en un 87%. En 2013, la región entró en un período de relativa paz y fue entonces cuando, según Punj Lloyd, las partes se reunieron para hablar de seguir adelante con la construcción. Tras estas conversaciones, Punj Lloyd mantiene que Sirte Oil amplió unilateralmente el ámbito del proyecto para incluir trabajos que no estaban contemplados en el contrato original. Punj Lloyd decidió entonces presentar una demanda por daños y perjuicios.

El tribunal arbitral desestimó la demanda de Punj Lloyd concluyendo que Sirte Oil no había modificado de forma unilateral las condiciones ni el contrato y que no había incumplido en forma alguna los contratos originales. Por otra parte, se condenó a Punj Lloyd a pagar 5,195 millones en costas y honorarios legales.

CATAR

La Unión Postal Universal de la ONU dicta una resolución sin precedentes en un inusual procedimiento interestatal

La Unión Postal Universal (UPU), ha dictado una resolución pionera (10 a 2) en la que ordena el nombramiento de presidentes de tribunales en cuatro arbitrajes distintos. Los arbitrajes se iniciaron por Catar en contra de sus vecinos del Golfo y sus aliados (Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto, las Maldivas, Mauritania, Senegal, Yibuti, las Comoras, Jordania, Yemen y Libia) por la suspensión de servicios postales dentro del bloqueo de Catar.

La resolución se ha dictado conforme al mecanismo de disputas previsto por el artículo 32 de la Constitución de la UPU, que rara vez se aplica por los estados miembros. El mecanismo de resolución de disputas establece que toda controversia entre Estados miembros que conciernan a actos de la UPU se resolverán mediante arbitraje vinculante.

En 2017, tras las acusaciones que apuntaban a que Catar apoyaba a grupos terroristas islámicos, los Estados vecinos del Golfo decidieron imponer un bloqueo diplomático y económico contra Catar. Entre las medidas adoptadas, algunos de estos Estados decidieron bloquear completamente los servicios postales con Catar lo que, según sus letrados, causó “graves daños a Catar, a su operador postal, a sus nacionales y residentes”.

Los Estados demandados se habían negado a nombrar a los presidentes de los tribunales arbitrales en dichos procedimientos. En este caso, las reglas de la UPU establecen que, cuando una parte rehúse nombrar a un árbitro dentro de los tres meses siguientes al inicio del procedimiento, la oficina internacional procederá, si la parte persiste en su postura, a nombrarlo ella misma automáticamente. Después de publicarse la resolución por la que se ordenaba el nombramiento automático de los presidentes de los tribunales arbitrales, la UPU anunció que los Estados demandados habían comenzado a permitir la entrada indirecta del servicio postal en Catar a través de Omán.