En el año 2016, el Gobierno dictó los Reales Decreto-ley 2 y 3/2016, que regulaban la tributación en el Impuesto sobre Sociedades. Entre otras cuestiones, los decretos establecían el denominado pago fracciondo mínimo y regulaban la reversión de deterioros y la limitación d dducciones. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha considerado que esta fórmula legislativa excede el ámbito constitucionalmente válido.
De este modo, la declaración de inconstitucionalidad de del Real Decreto-ley 2/2016 puede tener consecuencias importantes sobre la validez del Real Decreto-,ley 3/3016. Dada la relevancia de esta sentencia, Julio César García, socio responsablede Fiscalidad Corporativa de KPMG Abogados, responde a las principales cuestiones que plantea para las compañías.
