En fecha 4 de marzo de 2022 el Gobierno de España aprobó el “Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”, por medio de la cual se transpone la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, también conocida como Directiva Whistleblowing.
En el momento en que el borrador se convierta en Ley y entre en vigor, constituirá la primera norma de ámbito nacional dedicada específicamente a esta cuestión y vendrá a complementar y a desarrollar otros textos de rango autonómico que ya han sido aprobados.
El objetivo de esta norma es proporcionar una adecuada protección a aquellas personas físicas que trabajen tanto en el sector público como en el sector privado y que informen de las infracciones a que se refiere el artículo 2 tanto de la Directiva como del Anteproyecto de Ley, frente a las represalias que éstas pudieran sufrir como consecuencia de ello.
¿A qué empresas afecta esta normativa y a quién protege?
Estarán obligadas a disponer de un sistema interno de información, tal como establece el artículo 10 del Anteproyecto, las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores o aquellas que, independientemente del número de empleados, estén en el ámbito de aplicación de los actos de la UE en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención de blanqueo de capitales, seguridad del transporte y medio ambiente.
