El próximo 28 de febrero está previsto que el Comité de Expertos nombrado por el Consejo de Gobierno presente sus conclusiones sobre cuáles deben ser las principales líneas de actuación para mejorar el actual sistema tributario.
A priori, escribir sobre el contenido de esa futura reforma puede parecer una actividad más propia de adivinos que de técnicos tributarios, pero también es cierto que una labor de indagación nos puede permitir conocer en qué están pensando sus principales responsables, al menos, a través de sus declaraciones en medios de comunicación y foros públicos.
En primer lugar, miembros del Gobierno ya se encargaron de señalar que cualquier reforma deberá cumplir con los requisitos de suficiencia y de eficiencia. Suficiencia, entendida como un incremento en la recaudación, mientras que por eficiencia, parecen querer indicar que ese aumento no vendrá por una subida de tipos nominales, sino más bien por una reducción de incentivos fiscales especiales, de regímenes extraordinarios y por una simplificación (es decir, homogeneización) de la tributación entre todos los contribuyentes.
También han sido unánimes en confirmar que pretenden destinar el año 2014 a analizar las conclusiones que se presenten, a concretarlas y a ir redactando las medidas legislativas que resulten necesarias. Por tanto, cualquier modificación será aplicable a partir del año 2015. Si tenemos en cuenta que ese año está previsto que se celebren elecciones generales en nuestro país…sin pecar de malévolos, podemos pensar que una reforma tributaria que castigue a las clases medias y bajas no parece el mejor anticipo para la campaña electoral.
En concreto, es previsible que en el Impuesto sobre Sociedades se eliminen deducciones e incentivos sobre la idea de que son aprovechados mayoritariamente por las grandes empresas. Una posible reducción del tipo nominal actual del 30% no es descartable, aunque sólo fueran dos puntos porcentuales. No obstante, el juego “perverso” de las reducciones de tipos en las empresas con créditos fiscales contabilizados, al obligarlas a llevar contra su patrimonio esa potencial rebaja, conduce a que la medida tenga detractores entre las grandes empresas. En esa misma línea, un “extratipo” a contribuyentes por determinadas actividades (ej. sector financiero), o por un tamaño extraordinario, tampoco puede ignorarse.
En IVA, las medidas de actuación deberían ser más técnicas, de revisiones del tipo por productos y servicios determinados y de retoques en algunos regímenes específicos. Una subida de tipos como las experimentadas en el pasado reciente no es previsible. Desde luego, cualquier subida que tuviese como destinatario a nuestro sector turístico, como parecen presionar desde el resto de Europa, creemos que sería totalmente desaconsejable.
También debemos esperar modificaciones en los Impuestos Especiales. Pero quizás más preocupante pueden ser los “avisos” lanzados a los medios de comunicación en el sentido de que habrá que abordar otros gravámenes cedidos o gestionados por las CC.AA., como son en la actualidad, el Impuesto sobre Sucesiones y el Impuesto sobre el Patrimonio. Parece difícil que las Comunidades que actualmente los tienen suprimidos o bonificados puedan seguir manteniendo ese combate. Es verdad que, a cambio, deberán producirse modificaciones especialmente en el caso del Impuesto sobre el Patrimonio para intentar circunscribirlo verdaderamente a los grandes patrimonios y rebajar su carga a las clases medias.
Por último, muchas más incertidumbres se ciernen sobre el IRPF. La proximidad de la campaña electoral y el endeudamiento excesivo de nuestras economías familiares anima a pensar que la reforma deberá incentivar el ahorro, mejorando la tributación sobre los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales. Esperamos que esta mejora no se limite simplemente a eliminar el actual tipo incrementado transitoriamente hasta el 27% y a recuperar el tipo previo del 21%.
No obstante, una gran frustración se vaticina sobre este Impuesto, de manera que conduciría a limitar de manera drástica cualquier potencial efecto beneficioso de esta reforma: no se percibe voluntad política de reducir el enorme peso de la tributación sobre los rendimientos del trabajo por cuenta ajena tiene sobre el total de la recaudación tributaria. En la actualidad, la gran presión fiscal se concentra en las rentas del trabajo, y por extensión, en el abanico más amplio de la clase media. Más específicamente, el mantenimiento de un sistema como el de módulos, obsoleto, injusto y favorecedor del fraude fiscal impedirá que podamos hablar de un sistema tributario del siglo XXI. Obsoleto, porque nació como solución imperfecta pero transitoria a la escasa difusión que en 1975 tenía la contabilidad entre los pequeños comerciantes; injusto, porque renuncia de antemano a gravar en función de la renta efectivamente generada y, favorecedor del fraude, porque, como las fugas de gas en las calderas, impide cerrar el círculo del origen y destino de efectivo en la economía española y por tanto, su control efectivo.
Eduardo Cosmen
Socio de Fiscal en Grant Thornton
