Como reza un versículo bíblico, “por sus obras los conoceréis”, versículo que me permite introducir el tema del que hoy quiero hablar: ¿Qué Estado tenemos, subsidiador, o posibilitador? Pues por sus obras lo conoceréis: ingreso mínimo vital, y un sinfín de prestaciones de muy diversa índole, dirigidas, en su mayoría, a paliar los asfixiantes efectos derivados de la vulnerabilidad económica. ¿Algo que objetar?
Pues sí. Estando de acuerdo con su finalidad, no lo estoy en su planteamiento. Y no lo estoy, porque éste es la consecuencia de un Estado subsidiador que, en pro de la defensa de cada vez más “derechos”, justifica nuevas ayudas, que, claro está, se financian con nuestros impuestos.
Este es el reflejo de un Estado expansivo que pone el acento en la mera ayuda económica. De un Estado que, para el ciudadano, es el padre que ayuda siempre a su hijo a tener garantizados los recursos mínimos necesarios para su vida digna. Nada que decir. Pero para mí, no es un modelo que promueva la responsabilidad y el desarrollo personal. Y no lo es, porque transforma al “hijo” en un parásito dependiente del Estado. Y todo, por la justicia “social”.
Pues bien; ¿qué pasaría si en lugar de trasladar esa idea de un Estado que pone el acento en el subsidio, trasladásemos la de un Estado que pone el acento en los valores esenciales para una vida digna? Pues pasaría, obviamente, que el mensaje que la ciudadanía interiorizaría sería muy distinto. Tanto, como la de apelar a la responsabilidad paternal del Estado, o a la responsabilidad e iniciativa personal del individuo.
¿Y cómo se consigue? Pues muy fácil. Sustituyendo la cultura del “paternalismo”, por la del “trabajo”. La del “derecho”, por la de la “obligación”.
En este contexto, la finalidad de la prestación habría de ser la del derecho a un trabajo “publico” garantizado y retribuido temporalmente, como “valor” asociado a una vida digna. Fíjense que no sustituyo la ayuda económica, sino que transformo su fundamento: la apuesta del Estado por el trabajo como “valor”. Y vinculo por ello el “derecho” a su percepción, a su correlativa “obligación” de trabajar. Trabajo que garantiza y proporciona el Estado.
Trabajo que se garantiza de forma temporal, porque la obligación del Estado es la de fomentar la responsabilidad personal y, por tanto, la incorporación al mercado laboral; periodo, además, que ha de incluir la formación de las personas en las habilidades que cada uno tenga o sea capaz de desarrollar.
Y así con todas las prestaciones por “vulnerabilidad”. Desde el ingreso mínimo vital, a la prestación por desempleo.
En este contexto, hay que cambiar también la filosofía que subyace, por ejemplo, en los ERTES. Se trata de transformar el mensaje de ayuda al trabajador, por el de ayuda a las empresas, para que éstas afronten sus compromisos salariales. Esto quiere decir que la ayuda no sea del Estado al trabajador, sino del Estado a las empresas. El matiz es importante, porque, una vez más, no es lo mismo la idea de un Estado paternalista, que la de uno que apuesta por sus empresas.
En definitiva, se trata de dignificar dos de los pilares básicos del bienestar: trabajo y empresa. Sin duda, una forma distinta de entender el mantra electoralista de la justicia social.
El tema tiene mucho más recorrido si se vincula al principio de subsidiariedad, esto es, que el Estado sólo ha de intervenir cuando instancias o personas más cercanas al ciudadano no pueden hacerlo. Principio que limita la expansión e intromisión cada vez mayor del Estado en nuestras vidas, cercenado la responsabilidad personal, y, por ende, la libertad. Y principio, también, que reduce las necesidades financieras del Estado.
Volviendo a nuestra propuesta, ésta tiene sus antecedentes en el denominado “programa de empleo garantizado” que el presidente Roosevelt impulsó en su día en EE. UU.
Soy consciente de que lo que propongo dista mucho de ser lo mismo, pero bebe de la misma fuente. Es, tal vez, un paso previo.
Dicha propuesta, garantiza además un stock de trabajadores disponibles, en lugar de una masa de desempleados, y puede cubrir necesidades reales de la población. Propuesta, eso sí, que obliga a que la Administración mejore su eficiencia, reduzca la burocracia en su tramitación, y apueste por la colaboración público-privada.
A lo anterior, hay que añadir una fiscalidad que promueva el compromiso de los ciudadanos con ese modelo de sociedad; compromiso que requiere “premiar” a quien, de forma libre, desarrolle políticas económicas y sociales que se consideren necesarias para el desarrollo económico y la cohesión social: el desarrollo tecnológico, la investigación y el desarrollo, el emprendimiento, la reducción de las brechas salariales, la participación de los trabajadores en la empresa, la conservación del medio ambiente, la creación de valor, y un largo etcétera.
Se trata, en definitiva, de abandonar la política electoralista de incentivos, cuyo resultado no está además justificado en términos de coste-beneficio, y apostar por la del compromiso y la responsabilidad. Y a quien así lo haga, se le ha de premiar con un incentivo “importante” en la medida que contribuye a una menor necesidad de recursos públicos. Se trata, una vez más, de promover una eficiente colaboración público-privada.
Transitemos pues del “ingreso mínimo vital” al “trabajo mínimo garantizado”. Del paternalismo, al fomento de la responsabilidad.
