Las inspecciones fiscales rara vez son aleatorias y suelen iniciarse cuando los sistemas de control detectan diferencias entre distintas fuentes de información.
Fotocasa ha publicado un artículo en su Blog profesional que consideramos de interés para el sector inmobiliario y que compartimos a continuación.
Antes de que se inicie una inspección formal, es habitual que Hacienda envíe un requerimiento de información. Se trata de una fase previa en la que la Agencia Tributaria solicita documentación concreta para contrastar determinados datos.
Este punto es especialmente importante, ya que muchas inspecciones comienzan a partir de incidencias aparentemente menores.
Es uno de los principales focos de revisión. Hacienda compara las operaciones de compraventa realizadas con la facturación declarada por la agencia para verificar que todas las comisiones han sido correctamente comunicadas.
Los problemas suelen aparecer cuando existen cobros en efectivo, facturación parcial o ingresos sin una justificación clara. También cuando hay diferencias entre la fecha de la operación y su imputación fiscal.
La clave es sencilla: toda operación debe contar con un rastro completo y verificable.
Las inspecciones suelen centrarse en comprobar si se han aplicado correctamente las exenciones, si los servicios accesorios están bien declarados y si existe coherencia entre la facturación y los modelos fiscales presentados.
En la práctica, muchas regularizaciones se producen por interpretaciones incorrectas en operaciones mixtas, especialmente cuando se combinan servicios de intermediación, asesoramiento o gestión.
Hacienda no solo revisa los ingresos. También analiza si los gastos declarados están realmente vinculados a la actividad.
Los más sensibles suelen ser vehículos, dietas, marketing o servicios externos. El problema habitual no es únicamente deducir gastos improcedentes, sino no poder acreditar su relación directa con el negocio o no disponer de documentación válida.
En este aspecto, el criterio es claro: sin justificación completa, el gasto pierde validez fiscal.
Aunque es un área menos visible en el día a día de la actividad, presenta un elevado riesgo sancionador. Hacienda compara automáticamente los datos declarados por la agencia con los de trabajadores y colaboradores.
Errores en los modelos 111 y 190, una aplicación incorrecta de retenciones o una clasificación inadecuada de profesionales —por ejemplo, autónomos que deberían mantener una relación laboral— pueden detectarse fácilmente. Esto convierte cualquier desajuste en un problema inmediato, incluso sin una inspección en profundidad.
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