El pasado día 10 de noviembre la Comisión Europea puso en marcha una consulta pública para recabar opiniones sobre cómo debe actuar la Unión Europea en relación con los asesores e intermediarios que facilitan la evasión y la elusión fiscales.
El texto de la consulta, accesible a través de la propia página web de la Comisión, señala que recientes acontecimientos han puesto de manifiesto el papel crucial que ciertos intermediarios juegan en la elaboración de la evasión y la elusión fiscal.
Se mencionan determinados ejemplos de iniciativas puestas en marcha a nivel internacional para luchar contra tales prácticas, entre ellas la Acción 12 de BEPS (OCDE) o las Directivas de la Unión en materia de intercambio de información entre las autoridades fiscales de los distintos Estados Miembros.
El propósito declarado de la consulta es recoger opiniones sobre la necesidad de adopción, en el seno de la Unión, de medidas normativas que desincentiven este tipo de prácticas y, de ser ese el caso, cuáles serían estas.
La justificación última que se invoca es la creación de un más profundo y justo mercado único.
Entre los mecanismos que se describen de forma general en la consulta, como más habituales en este tipo de actuaciones, se hace referencia a la ayuda a la creación de entidades offshore, de creación de complejas estructuras societarias que tratan de ocultar no sólo patrimonio, sino la identidad de los propietarios reales del mismo, para asegurar la inexistencia de tributación por parte de éstos o para minorarla de forma notoria.
La comisión incluye en el texto de la consulta dentro del concepto de intermediario una amplia gama de profesionales: asesores, abogados, asesores financieros y de inversión, consultores, contables, instituciones financieras, intermediarios de seguros, etc.
Considera la Comisión que el impago de la evasión/elusión fiscal es difícil de cuantificar, más aún cuando en dichos esquemas agresivos no es infrecuente la ubicación de las empresas en territorios de baja tributación (paraísos fiscales).
El Parlamento Europeo apeló a la adopción de duras medidas contra dichos intermediarios cuando asisten, asesores, esquemas que provocan la evasión fiscal; el ECOFIN del 22 de abril de 2016, en el que la Presidencia invitó a la Comisión a considerar iniciativas para establecer normas de divulgación obligatoria de dichos esquemas (Acción 12 de BEPS), incrementando la vigilancia sobre dichos intermediarios como uno de los elementos de evaluación.
La introducción de dichas medidas de divulgación tendría como objetivos los siguientes:
La opinión que es solicitada a los participantes en la consulta tiene tres vertientes:
En esa línea, el cuestionario puesto a disposición de quien quiera participar en la consulta (más allá de las que formal y expresamente se pudiesen plantear a los propios Estados Miembros, expertos, asociaciones profesionales, think tanks, etc), incluye una amplia gama de materias:
Como puede observarse la iniciativa de la Comisión resulta más trascedente de lo que en principio cabría pensar, y de su evolución habrá que efectuar un seguimiento en los próximos meses, habida cuenta de su afectación a un gran número de instituciones jurídicas más allá de las vinculadas, estrictamente, a las fiscales.
La presente publicación no constituye opinión profesional o asesoramiento jurídico de sus autores.
Antonio Montero