Hace unos días asistí a la reunión de un Gobierno extranjero para modificar su sistema tributario. En un momento en concreto, planteé que lo primero que habría que hacer para que un ciudadano pague resignado, pero confiado, es explicarle el modelo de Estado que se le propone y esforzarse en transmitir su necesidad en beneficio del país. Al salir de la reunión, pensé que ese problema es el mismo que el de España.
En efecto. Estamos obsesionados en subir o bajar impuestos, según de qué Comunidad Autónoma se trate, y se hace ya insoportable la cada vez más asfixiante fiscalidad por parte del Estado. Pero la verdad es que todavía desconocemos qué modelo de Estado se nos propone y qué políticas de gasto se van a llevar a cabo.
Continuamos sin un proyecto que genere ilusión, confianza y credibilidad y, lo que es peor, seguimos sin conocer la verdad sobre el gasto: ignoramos si su gestión es óptima, qué ratio de productividad por funcionario tenemos o qué duplicidades se pueden eliminar. Continuamos sin plantearnos que antes de pedir sacrificios, hay que sacrificarse uno mismo, mirarse ante el espejo y con humildad, realismo y valentía, replantear todo lo que sea necesario. En definitiva, cuestionarse todo.
Resulta curioso que mientras a nuestras empresas se les exige formular y depositar sus Cuentas Anuales, se les obliga, según los casos, a auditarlas, se prevé la responsabilidad de sus administradores, se les condena a sufrir un verdadero infierno de obligaciones formales y a cumplir con un innumerable número de normas, no se exijan en cambio obligaciones similares a las diferentes Administraciones Públicas. Aunque parezca incomprensible, sus cuentas no se someten a ninguna auditoría externa, nadie responde de las desviaciones presupuestarias, nadie ajeno a la Administración revisa con objetividad, independencia y criterio empresarial la calidad, eficiencia y eficacia del gasto, nadie nos informa sobre la necesidad de cada partida de gasto ni de los servicios deficitarios, ni existen tampoco mecanismos para exigir responsabilidad por gestionar inadecuadamente el gasto.
Y aunque parezca inaudito, no se ha creado hasta hoy la denominada Autoridad Fiscal Independiente. Eso sí, creada por recomendación comunitaria, más que por convencimiento propio, y teniendo en cuenta que su objetivo no es el seguimiento en la gestión del gasto sino de las cuentas públicas.
Y aún más, se continúa hablando de la reforma estructural del Estado, pero no se avanza, además de la Ley de Transparencia, todavía pendiente y que, de no ser por la situación actual, nadie hablaría de ella. Prioricemos pues el gasto, que es el origen de los males y lo que Bruselas recomienda hacer, convenzamos a la ciudadanía de la hoja de ruta a seguir y después, y solo después, acometamos la necesaria reforma de nuestra fiscalidad. En definitiva, cordura.
Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Presidente de la AEDAF
Profesor de la UPF
Artículo publicado en La Vanguardia (21/11/2013)
