Instaurados en la cultura de lo gratuito, rechazamos toda idea de cofinanciar servicios públicos. Sin embargo, la cofinanciación está muy presente en la financiación de muchos y muy variados servicios. El transporte público, por ejemplo, es un claro ejemplo de ello. No se trata, como así se dice, de un servicio deficitario, sino de un servicio cuyo coste se financia a través de tributos y a través de precios (tarifas); tributos, porque una eficiente red de transporte beneficia a todos y todos hemos de contribuir a su mantenimiento; y precios, porque es evidente que quien utiliza el servicio se está beneficiando directamente del mismo debiendo de contribuir también a su mantenimiento. Debatiremos, eso sí, qué porcentaje se debe financiar a través de uno u otro sistema; pero se trata, en cualquier caso, de un sistema de cofinanciación. Así, por ejemplo, si los precios del transporte se reducen, la parte que se financia con tributos será mayor salvo, claro está, que se reasignen recursos.
Lo mismo ocurre con algunas guarderías públicas. La diferencia con el transporte público es obvia. Mientras que en este último sus precios no están en función del nivel de renta de los usuarios, en las guarderías sí. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el pago de los medicamentos estigmatizado, eso sí, con el calificativo de “copago” cuando, en realidad, no es más que una forma de cofinanciación. Si el “copago” desaparece, su coste se financiará con un aumento de los impuestos o a través de una reasignación de recursos.
Lo mismo se puede decir de la educación universitaria en la que sus precios no cubren su coste. Por ello, las Administraciones la financian a través de subvenciones cuyo importe proviene de los tributos que todos pagamos. Desde esta perspectiva, se trata también de un servicio que, por razones de interés general, se cofinancia con recursos públicos y a través de precios que, salvo las becas, nada tienen que ver con el nivel de renta de quien las paga.
La paradoja es que nos quejamos siempre y sistemáticamente de lo visible, es decir, de lo que visualizamos, y de que nos engañamos al exigir que una parte de ese precio que visualizamos se financie con impuestos. Y nos engañamos porque, aunque no lo visualicemos, lo pagamos igualmente. Se paga, eso sí, de forma más redistributiva, pero lo pagamos. Y aun así, hay mucho que hablar.
En este contexto, es necesario salir de esa ceguera impositiva y de la errónea cultura de lo gratuito y avanzar hacia una sociedad en la que los servicios que el Estado del Bienestar nos presta se cofinancien a través de un sistema tributario redistributivo y de precios en función del nivel de renta de quien los utilice; cofinanciación que permita, además, un uso más racional de los mismos, la visualización de una parte de sus costes, un mayor compromiso y conciencia fiscal, y un mayor nivel y responsabilidad de nuestros políticos.
