¿Quién no es partidario del Estado Social? Nadie lo discute. Cosa distinta es su amplitud, eficiencia y transparencia. En efecto; la primera cuestión que nos hemos de plantear al hablar del Estado Social es la de su tamaño, circunstancia que depende del importe que los ciudadanos puedan aportar al mismo, importe que es distinto en cada país ya que depende de la riqueza que en cada uno se pueda crear. Todo tiene un límite. El Estado Social, también.
Esto quiere decir que la prioridad de todo país ha de ser la de crear riqueza o, mejor, la de fijar las condiciones favorables para que esta se desarrolle con normalidad. Sin riqueza no hay impuestos y sin estos el Estado Social es una mera utopía.
Por su parte, son las personas quienes crean la riqueza, en concreto, los autónomos y las empresas. Sin personas que decidan emprender un proyecto, no es posible que se contrate a otras que, conjuntamente, lo hagan posible.
Empresarios y trabajadores son pues imprescindibles. Pero sin empresas no es posible crear empleo. Esta es una realidad que no se puede ignorar y que exige crear, también, las condiciones necesarias que fomenten la iniciativa empresarial. Por otra parte, el marco necesario para crear riqueza exige igualmente excelencia en el capital humano y un marco favorable a la contratación laboral. Y exige, también, creer en la persona y en su iniciativa. Sin iniciativas no hay empresas; empresas que requieren, a su vez, un marco de seguridad y de confianza.
En este contexto, una sociedad con una alta tasa de paro tiene un límite importante para la creación de riqueza. Una sociedad envejecida y con una tasa de natalidad baja tiene también un problema importante a corto y medio plazo. Y una sociedad con déficits educativos es también un freno para el crecimiento. Si la creación de riqueza además se demoniza, los límites son ya casi insuperables. Ante tal situación, que es la que ocurre actualmente en España, podemos cerrar los ojos y subir los impuestos hasta la asfixia, o podemos intentar solucionar el problema desde su raíz. Y vuelvo al inicio.
El tamaño del Estado Social depende del nivel de riqueza de cada país. Si esta está amenazada, el Estado Social también lo está. E insisto, podemos ignorarlo y seguir reclamando derechos y la mágica protección del Estado, o ser realistas y ponernos a trabajar para crearla y dignificarla. Si compartimos estas ideas, hay que afirmar tambien que la fiscalidad sobre esa riqueza tiene también un límite ya que, nos guste o no, el capital es hoy fácilmente volátil y muy sensible, entre otros, a la fiscalidad, a la seguridad y a la confianza. Una fiscalidad razonable atrae a la inversión y al capital.
Una fiscalidad desproporcionada, los ahuyenta. Y una fiscalidad razonable exige hoy sacrificar progresividad en favor de eficiencia, es decir, en favor de que las distorsiones que la fiscalidad crea sean las mínimas posibles. Exige, también, una fiscalidad suave sobre el factor trabajo y sobre el factor capital. Y exige, también, una visualización clara del destino de los impuestos.
En un ámbito ya mucho más operativo, requiere, claro está, seguridad jurídica y celeridad en la resolución de los conflictos. La inseguridad ahuyenta al capital como la ahuyenta también la eternización de los procesos judiciales. Y en todo ello, desgraciadamente, tenemos un preocupante déficit. Tanto, que limita la dimensión de nuestro Estado Social. El problema no radica pues en los impuestos, sino en las verdaderas causas que limitan nuestro crecimiento.
Esto no significa que el actual modelo fiscal no esté ya agotado, que lo está, sino que la solución a los problemas no se centra en subir o bajar los impuestos. Y no lo es porque subirlos o bajarlos no soluciona los problemas inherentes a la creación de riqueza. La financiación estable y sostenible de la sociedad del bienestar requiere pues de un marco sostenible y razonable para crear riqueza, incluida, claro está, una fiscalidad razonable.
Pero aun así, no es suficiente. La creación de riqueza no garantiza por sí misma el máximo desarrollo del Estado Social, sino el que razonablemente se pueda financiar con aquella; circunstancia que exige priorizar las políticas de gasto. Y priorizar es elegir. Y para elegir hay que conocer su coste y su repercusión en términos de sociedad.
Todo, ya lo hemos dicho, es imposible. Y el Estado, recordémoslo, no financia nada. Todo, absolutamente todo, se financia con nuestros impuestos. De ahí, precisamente, la importancia de visualizarlos; de poder valorarlos en términos de coste-beneficio. Y de ahí, también, la importancia de una gestión eficiente del gasto. No en vano, la consecuencia de su ineficiencia son mayores impuestos. Y eficiencia, en fin, es también transparencia.
Podemos pues continuar culpando de todo a la elusión fiscal y al fraude, frente a los que sin duda hay que ser ejemplares; podemos también excusarnos en las consecuencias de la globalización; podemos continuar pensando que la inseguridad jurídica es una excepción y que la celeridad de la justicia es ejemplar; podemos en definitiva engañarnos repitiéndonos hasta creerlo que el problema son los ingresos.
Pero no; yo, al menos, he llegado al convencimiento de que además de un modelo fiscal agotado, el problema radica en la inexistencia de un marco social, jurídico y económico que fomente y dignifique la riqueza, sujeta, claro está, a los límites de la ética y la moral, esto es, a ese marco que el Estado ha de promover, incluida la fiscalidad.
Artículo publicado en Iuris Lex
Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF
