Me lo temía. Finalizado el primer round del muy caliente año que nos espera, ninguna formación política ha explicado los beneficios sociales y económicos que sus propuestas representan ni ha cuantificado tampoco su coste ni quién ni cómo se van a financiar.Y es lógico; el papel lo aguanta todo.
Y el problema es que no se pierde mucho tiempo en lo que es primordial: justificar los beneficios económicos y sociales de cualquier partida presupuestaria y su viabilidad. Y lo cierto es que, como ciudadano, puedo estar de acuerdo en invertir en el AVE, pero, para decidirlo, me han de explicar qué beneficios sociales representará comunicar de forma más eficiente dos o más ciudades y qué retorno, en términos de riqueza o de menor desigualdad social, va a representar la inversión. Y quisiera también conocer quién y cómo se va a financiar. Y si los "presupuestos" de la inversión no se cumplen, hay que inhabilitar para el ejercicio de la política a quien irresponsablemente la ha aprobado salvo, claro está, causa justificada. Es decir, compromiso y responsabilidad pero con consecuencias.
Y creo que lo que planteo es fácil de entender. Los impuestos son, de hecho, una expropiación legal y justificada de parte de nuestro patrimonio privado. Y como tal expropiación, su destino ha de estar justificado. Esto significa razonar y fundamentar que esa inversión o incentivo fiscal es positivo para nuestra economía, mejora la cohesión social y/o produce una mejora en la igualdad de oportunidades. Le pongo un ejemplo: ¿recuerda la deducción de 400 euros de Zapatero? Pues bien; se trataba de una medida popular y electoralista sin ningún tipo de justificación en términos de justicia y equidad; medida, además, regresiva, con un alto coste recaudatorio y sin retorno alguno para la sociedad. Una medida que no ayudaba a quienes menos renta tenían ni a quienes más lo necesitaban. Un despropósito.
Para los ciudadanos es obvio que no pueden quedar impunes quienes no cumplen o se equivocan
Para evitar situaciones similares es necesario que todo incentivo fiscal esté perfectamente justificado, concretar su finalidad y detallar su retorno en términos sociales y económicos. Pongamos otro ejemplo. Yo, personalmente, no estoy convencido de que una pareja decida engendrar un hijo por un incentivo fiscal. Y es cierto que la política de natalidad es clave.Pero para ello es tal vez más eficiente y eficaz invertir en educación,que es,en definitiva,lo que diferencia a unos y a otros estados.
La fiscalidad no es pues el instrumento adecuado salvo para ganar un puñado de votos y enfrentar demagógicamente a los ricos, a los que nadie define, con los pobres. Y así se simplifica el problema que tiene, sin duda, raíces más profundas. Y si los ciudadanos votan esperanza, es obvio que no pueden quedar impunes quienes no cumplen o quienes toman medidas irresponsables. Y no pueden porque lo hacen con nuestro dinero. Y ahí, precisamente, es donde reclamo una verdadera regeneración fiscal.
Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF
Artículo publicado en La Vanguardia el 03 de junio de 2015
