Podría pensarse que la renuncia expresa al cargo de administrador de una sociedad mercantil, conlleva quedar eximido de cualquier responsabilidad ante la Administración Tributaria.
Pues bien, la anterior cuestión, ha sido abordada por el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), en su reciente resolución del pasado dos de junio, pronunciándose en contra de que la mera renuncia, libere al administrador frente a la Hacienda Pública de las obligaciones inherentes a su cargo.
Este criterio restrictivo, encuentra sustento en el hecho de que las sociedades no pueden quedar privadas súbitamente de su órgano de administración, en consecuencia, el TEAC considera que únicamente quedará exonerado una vez que, convocada la pertinente Junta General, se produzca el nombramiento del nuevo administrador evitándose de esta forma que la sociedad quede inoperante.
Así las cosas y, con independencia de que el Reglamento del Registro Mercantil (RRM) regule la forma idónea de inscripción de la renuncia en dicho registro, debe señalarse que, si se produce una vacante del cargo de administrador, de conformidad con el criterio reiterado de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), no procederá la inscripción sin que se acredite que el administrador que renuncia, ha convocado la oportuna Junta destinada a cubrir dicha vacante.
Asimismo, en caso de que no fuera posible el citado nombramiento , como esta situación es una de las causas de disolución previstas en la Ley de Sociedades de Capital (LSC), al impedir el normal funcionamiento de la sociedad, se deberá convocar Junta General para la disolución de la misma y, si nada de lo anterior fuera posible, dada la trascendencia de la situación acontecida, finalmente se debería instar la disolución judicial.
Al hilo de esta cuestión, resulta especialmente relevante recordar que el incumplimiento por parte del administrador de su obligación de solicitar, llegado el caso, la disolución de la sociedad, acarrearía su responsabilidad solidaria por las deudas sociales.
En definitiva, una resolución que no debe perderse de vista, ya que establece la necesidad de extremar las cautelas respecto a este controvertido particular, todo ello con la finalidad de desterrar la posibilidad para el administrador que ha renunciado voluntariamente a su cargo, de ser considerado por la Administración Tributaria como responsable solidario de las deudas de la sociedad.
Oscar Baeza
