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El Gobierno de coalición, tras meses de negociación, ha llegado a un acuerdo con ERC y Bildu para dar un paso al frente con la “Ley por el Derecho a la Vivienda” que llevaba más de un año paralizada en el Congreso de los Diputados y que el ejecutivo ha definido como una “conquista histórica”.

Si bien es cierto que, todavía se halla en fase de tramitación y se desconoce cuál será el tenor literal de la misma, se ha publicado un avance de las modificaciones legislativas que afectarán al ámbito de la “vivienda” y cuya aprobación se prevé antes de las elecciones municipales y autonómicas previstas en España para este próximo mes de mayo.

Nuevas medidas aplicables a los Contratos de Arrendamiento de Vivienda

En primer lugar, tal y como su nombre indica, el Proyecto de Ley versa sobre los Contratos de Arrendamiento de Vivienda, quedando al margen de la misma aquellos que versen sobre usos distintos (tales como, locales de negocio, arrendamientos de viviendas de temporada, etc.).

Tal y como se desprende del referido Proyecto, que se hizo público el pasado viernes 14 de abril, aquellos contratos sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley, continuaran sujetos al mismo régimen que les era de aplicación hasta la fecha, salvo que, por mutuo acuerdo, ambas partes opten por su aplicación de forma expresa.

Medidas de contención de precios en Arrendamientos de Viviendas ubicadas en zonas declaradas como “mercado residencial tensionado”

En el marco de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda, uno de los aspectos más controvertidos y a la vez más esperado por los arrendatarios ha sido la previsión de modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en cuando a la fijación del precio del alquiler se refiere, en aquellas zonas que sean declaradas como de “mercado residencial tensionado”.

Dichas áreas de “mercado residencial tensionado” serán aquellas en las que:

  • La carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien,
  • que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de “área tensionada”.

El Proyecto de Ley prevé que sean las propias Comunidades Autónomas las que acaben concretando los términos de dicha declaración, de acuerdo con las diferentes necesidades de cada territorio, por lo que las viviendas que no se encuentren en tales áreas quedaran al margen de la contención del precio del alquiler.

Importe de la renta de los Contratos en base a la nueva Ley

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Fiscalidad general