En la DAC 6 (Directiva de Intermediarios Tributarios) y en sus proyectos de trasposición está previsto que, a partir de julio de 2020, los asesores o los propios contribuyentes, tengan que presentar declaraciones informativas sobre determinados mecanismos de planificación fiscal agresiva. Sin embargo estas obligaciones podrían verse aplazadas por la crisis del COVID-19.
En la Nota de Prensa del pasado 12 del mes de mayo se informa de la aprobación del proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria -se remitirá en breve al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria- que transpondrá la Directiva que se ha dado en llamar DAC 6, que establece la obligación de que los intermediarios fiscales de la UE informen de los mecanismos transfronterizos que presenten unas determinadas señas distintivas de agresividad fiscal. Además, la transposición se completará con la publicación de un Real Decreto que desarrollará los aspectos reglamentarios.
A pesar de que nada se dice en la Nota de Prensa, la entrada en vigor, según la Directiva y el Anteproyecto sometido a información pública, estaba previsto que fuera el 1 de julio de este año –aunque se debe de informar de mecanismos diseñados o ejecutados desde el 25 de junio de 2019-, pero la Comisión Europea ha recomendado su retraso por la crisis sanitaria, por lo que habrá que ver cómo queda este aspecto.
En efecto, la Comisión Europea ha propuesto que se aplacen dos medidas fiscales pendientes de aplicar en la Unión Europea, teniendo en cuenta las dificultades a las que se enfrentan las empresas y los Estados miembros en este momento con la crisis del Coronavirus:
JDA/SFAI