A poco que se reflexione, nos damos cuenta de que nuestro sistema tributario es tan injusto como insostenible y poco redistributivo. Veamos si no unos ejemplos. Tenemos un IRPF en el que las rentas del ahorro y el resto de rentas, fundamentalmente, las procedentes del trabajo, tributan a tipos muy desiguales (hasta un 23,5% y 48% respectivamente).
En definitiva, un supuesto claro de inequidad al penalizar duramente a las rentas del trabajo que son, en la práctica, las únicas que sufren la progresividad real del impuesto. Pero además, la diferencia de tipos entre el IRPF y el impuesto sobre Sociedades (nada más ni nada menos que 20 puntos) incentiva a determinadas rentas altas a refugiarse en este último y huir así de la progresividad. Por su parte, la fiscalidad sobre la riqueza es testimonial.
En este contexto, el Gobierno, obligado a obtener mayores ingresos y presionado por distintas organismos, no tuvo más remedio que incrementar el IVA, un impuesto regresivo y en absoluto redistributivo. Este es, también, el contexto europeo: tratamiento dispar de las rentas del ahorro frente al resto de rentas y mayor peso de la imposición indirecta frente a la directa. Total, que los perjudicados de este perverso sistema son las empobrecidas clases medias, la creación de empleo y el crecimiento económico. Y todo, en un contexto de horas bajas con relación a la credibilidad de nuestros políticos y la proliferación de casos de presunta corrupción y fraude. Ante esta situación, y además de la lucha contra el fraude, la única solución es encontrar alternativas a un modelo fiscal agotado cuya solución no es reducir los impuestos sino sustituirlo por otros.
Y la pregunta es obvia. ¿Qué otro modelo? Pues uno en el que las políticas de gasto se financien de forma conjunta a través de impuestos y de la cofinanciación progresiva por parte de quienes utilicen determinados servicios públicos. Me refiero a un modelo con impuestos reducidos complementado con la cofinanciación por la utilización de determinados servicios en función del nivel de renta; modelo que exige rediseñar y modernizar nuestro sistema tributario con la finalidad de que este sea eficiente, permita obtener un nivel de recursos garantizados y no sea un freno para la creación de empleo y de riqueza; modelo construido bajo criterios de justicia y progresividad, claramente redistributivo, y que, al basarse en impuestos más bajos que los actuales, se ha de complementar con la financiación directa y progresiva del usuario directo de los servicios públicos; modelo, mixto, que obliga a convencer al ciudadano de la bondad del Estado Social, de las prestaciones que este ofrece y del necesario compromiso para sufragar nuestros derechos sociales. En definitiva, un modelo de equilibrio social.
Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF
Publicado en LA VANGUARIA. 8/10/2015
