Ya son varios los políticos que en alguna ocasión han manifestado su intención de desobedecer las leyes que no sean justas. Y la verdad es que poco me importa el contexto en el que se ha dicho y en relación a qué en concreto se ha comentado. Me importa el hecho en sí mismo: la desobediencia a las leyes que no son justas. ¿Puede el ciudadano hacer esto sin temor a ninguna reacción por parte del Estado, Comunidad Autónoma o corporación local?
Personalmente considero que nuestro sistema fiscal es injusto y creo que puedo justificarlo. ¿Puedo por ello dejar de pagar impuestos o pagar tan sólo los que considere justos? No. Es evidente. Personalmente estoy también convencido de que la denominada coloquialmente plusvalía municipal es injusta al hacer tributar dos veces, aunque en diferentes impuestos, un mismo hecho: el aumento de valor que se pone de manifiesto por la transmisión de un inmueble. ¿Es justo? O lo que es todavía peor: ¿es justo pagarla cuando realmente no ha existido plusvalía sino minusvalía, esto es, pérdidas? Y sigo, ¿es justo mantener el valor catastral de los inmuebles cuando el valor de mercado de la mayoría de ellos ha descendido notablemente? ¿Es justo que las rentas del trabajo sufran una desproporcionada presión fiscal mayor respecto a las rentas del ahorro? ¿Es justo que las pymes, motor de crecimiento y empleo, sufran la asfixiante presión fiscal a la que están sometidas? Es obvio que no. Y no a todas las preguntas. Pero es obvio que si yo, como ciudadano, me tomo "la justicia por la mano", la Administración arremeterá contra mí con toda la fuerza de su aparato represivo. Aplicará, sin más, la ley.
Nos guste o no, el Estado de derecho tiene unas reglas que hay que respetar, entre otras, que los tribunales de justicia son el único y legítimo cauce para hacer valer la justicia, esto es, para valorar la correcta aplicación del derecho. Bueno, hay otro: intentar convencer a quien tiene la facultad de modificarlo. Si consideramos que algo es injusto, como nuestro actual sistema fiscal, nuestra obligación es decirlo e instar a su modificación, pero en el marco del Estado de derecho. No hay otro camino, máxime si apostamos por un modelo de sociedad en el que los valores son, o han de ser, la base esencial de nuestra convivencia.
Personalmente, y vuelvo al principio, considero que nuestro sistema fiscal es injusto. Denuncio que la falta de ejemplaridad pública y de transparencia, así como la corrupción, aviva el fraude fiscal. Afirmo que es urgente un cambio de modelo de sociedad y, también, de modelo fiscal, pero no exclusivamente una reforma impositiva. Y estoy convencido de que la gestión de la Hacienda pública requiere de un verdadero y sincero modelo de cooperación sector público-sector privado. Pero insto a su reflexión desde el respeto a la ley y a la democracia, máximos valores de nuestro Estado de derecho.
Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF
Artículo publicado en La Vanguardia el 10 de agosto de 2015
