La mayoría de los impuestos se recaudan a través de las empresas. Desde el IVA y el IRPF, aunque vía retenciones, hasta el impuesto sobre sociedades. La mayoría de las obligaciones tributarias recae también sobre las empresas. Desde la presentación de las declaraciones hasta un importante número de obligaciones muy diversas. Además, nuestro sistema tributario se basa en lo que se denomina la autoliquidación, esto es, que el propio contribuyente presenta la declaración y liquida el impuesto.
Las empresas, y sus asesores, son pues esenciales en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y son, por ello, quienes soportan más riesgo y una nada despreciable presión fiscal indirecta; riesgo decimos, porque son ellas quienes fundamentalmente soportan las consecuencias de la inseguridad jurídica, las discrepancias interpretativas, los déficits legislativos y la conflictividad. Las empresas y sus asesores son, sin duda, un verdadero colaborador social. Sin embargo, permanecen hoy incomprensiblemente al margen en la gestión y aplicación del sistema tributario. Me refiero a que, a pesar de su relevante papel en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, no integran jerárquicamente ningún órgano de la Hacienda Pública.
Las más modernas tendencias europeas evidencian que los modelos que mejor funcionan son los que se denominan de "cooperación", esto es, aquellos en los que hay una efectiva colaboración sector privado sector público. Las empresas, como los asesores, o, mejor, las organizaciones que les representan, no integran ningún órgano jerárquico en la gestión y aplicación de los tributos que tenga encomendado resolver con carácter vinculante cuantos conflictos se planteen, resolver las dudas que la interpretación de la norma suscita, tener una participación activa en la redacción de proyectos y un largo etcétera.
Las empresas soportan una gran presión fiscal indirecta, pero permanecen al margen de la gestión tributaria
Y la verdad es que a las empresas, y a los asesores, se les exige mucho pero muy poco se hace por resolver los problemas como se debiera: seguridad jurídica desde el minuto cero, mecanismos para reducir la conflictividad, calidad legislativa, etcétera.
Por su parte, la Administración Tributaria vive muy celosa de su información y de todo lo que le rodea. Desconfía o, al menos, así lo parece. Pero si colaborar es compartir, es evidente que es imprescindible elaborar los mecanismos necesarios para establecer una verdadera relación de confianza que resuelva de forma efectiva los muchos problemas que hoy se plantean en la aplicación de los tributos. Y ese mecanismo no es otro que jerarquizar la cooperación sector privado sector público al nivel máximo del organigrama de la Hacienda Pública y con amplias facultades. Integrarla en la organización. Sólo de esta forma es posible reducir ese verdadero "muro" en una relación cuyos intereses son los mismos, el cumplimiento de la ley. Y ello sin olvidar que contribuir es participar, pero de verdad.
Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF
Artículo publicado en La Vanguardia el 04 de agosto de 2015
