Los datos económicos parecen dibujar un escenario marcado por el moderado optimismo. En efecto, según cifras provisionales publicadas recientemente por el INE, el PIB de España creció en 2016 un 3,2%, justo el mismo ritmo que el año anterior. Por su parte, el FMI estima que la economía española tiene por delante, al menos, un lustro de crecimiento con tasas anuales que rondarán el 2%.
Sin embargo, y al margen del análisis riguroso que tales datos exigen, lo cierto es que nuestra cifra de endeudamiento compite con la de nuestro PIB, que asciende, para entendernos, a casi 3,5 veces más que la de la recaudación total anual por impuestos y tasas, Seguridad Social incluida (datos del año 2014). Tampoco hay que olvidar que encadenamos ya varios años consecutivos de déficit presupuestario, esto es, que los gastos superan a los ingresos; ni tampoco que, aunque la cifra de paro ha disminuido, el número de desempleados continúa siendo muy superior al de 2007.
Estructural, social y financieramente estamos pues mucho peor que ese mágico año de referencia. Coyunturalmente, eso sí, hemos mejorado. Y eso es positivo, pero insuficiente. La verdad es que la sociedad ha experimentado un profundo cambio social y económico que nos cuesta aceptar y que supera con creces el impacto de la mejora.
Además, en un contexto de mayor pobreza, que no de mayor desigualdad, se reclama que el Estado adopte decisiones drásticas que inevitablemente se vinculan a la necesidad de mayores ingresos. Ahí late cada vez con más fuerza, por ejemplo, la necesidad de una “renta básica”, aspecto que centró la atención de la última reunión de Davos. Por otra parte, la paulatina sustitución de la mano de obra por la tecnología hace incluso que se empiece a hablar de un impuesto sobre los robots.
Sin embargo, parece que el 2017 puede ser algo así como definitivo. Una recaudación por IVA superior a la de 2007, en concreto, cerca de los 63.000 millones de euros frente a los 56.000 del año mágico. Cierto; pero con dos importantes subidas del tipo de IVA, en 2010 y 2013, que explican en parte tales cifras. Sin tal incremento, la recaudación por IVA se situaría con toda seguridad muy por debajo.
Lo mismo cabe decir, aunque por otros motivos, con relación al IRPF. La recaudación estimada en 2017 se sitúa por encima de los 72.000 millones de euros, cifra similar a la de 2007. Sin embargo, hay que recordar que, en el periodo 2010 a 2014, la población con rentas sujetas ha pasado de 25.804 mil contribuyentes a 24.746 mil, esto es, 1.058 mil menos. Por su parte, en el quinquenio 2009-2013, la cifra de rendimientos netos disminuye ligeramente mientras que la cuota líquida, esto es, la cuota antes de las retenciones y pagos fraccionados, se incrementa en casi 5.000 millones de euros. En definitiva, menos contribuyentes, pero mayor presión fiscal individual.
Y todo sin olvidar, claro está, el desplome en la recaudación del Impuesto sobre Sociedades que de 44.800 millones en 2007 se prevé recaudar en 2017 una cifra cercana a los 23.000/25.000 millones; cifras, por su parte, que no son otra cosa que la virulencia de la crisis económica.
En definitiva, la “anatomía” del sistema tributario ha experimentado una transformación tan profunda como la que ha experimentado la sociedad. Y aunque no parezca posible, la verdad es que de un simple cálculo no exento de matices se observa que, para un nivel de renta equivalente, la presión fiscal sobre las rentas del trabajo de 1979 a 2016 ha aumentado:
Parece pues obvio que el problema de nuestro sistema tributario no es solo estructural sino de una total obsolescencia. Baste señalar que no es posible aplicar el mismo modelo fiscal a una economía abierta y globalizada que a una economía cerrada, como no es tampoco posible aplicar hoy el mismo modelo fiscal a una sociedad que nada tiene con la de 2007.
Aceptemos pues que nuestra anatomía social ha experimentado profundos cambios estructurales que van más allá de meros “ajustes” fiscales para la satisfacción de nuestros socios europeos. Afrontemos pues ya sin demora la necesaria reforma integral del sistema tributario y adaptémoslo al actual entorno social y económico.
Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF
