El 13 de junio se han constituido los Consistorios y elegido los ediles, por lo que ha finalizado el tiempo para establecer pactos. Negociaciones en las que debería haberse planteado un necesario cambio del sistema tributario local.
La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario se estableció con el objetivo de analizar el sistema en su conjunto. Sin embargo, el Gobierno aparcó la reforma del sistema impositivo autonómico y local.
El actual sistema adolece de varios defectos que deberían ser modificados con independencia del partido que presida cada Ayuntamiento. Debería ser un objetivo compartido por todos el dotar de un sistema tributario local que garantice principios esenciales como los de capacidad económica y seguridad jurídica y que favorezca la eficiencia y el crecimiento económico.
Ejemplo claro lo encontramos en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, liquidado por los Ayuntamientos a pesar de que los inmuebles se transmitan por debajo de su coste de adquisición.
Son muchas las voces que denuncian los vicios de los que adolece este Impuesto. A la doctrina científica y a los tribunales de justicia se les ha unido recientemente el Tribunal Constitucional, quien ha admitido una cuestión de inconstitucionalidad sobre su normativa reguladora. ¿Por qué entonces se sigue liquidando? En nuestra opinión, los Consistorios se aferran a la literalidad de las reglas de cuantificación de la base imponible del Impuesto para no ver reducida su recaudación.
Por su parte, la Dirección General Tributos ha avalado su actuación, reconociendo la procedencia del Impuesto incluso en situaciones en los que el propio valor catastral en el momento de la venta era inferior al de la compra. ¿Es necesaria esta litigiosidad? En nuestra opinión, no. Nuestro legislador tributario, tan inquieto en toda la legislatura, debería haber dedicado parte de su incesante actividad legislativa para reformular la configuración actual de este controvertido tributo.
Una segunda cuestión en la que entendemos que debería existir consenso es en la importancia de la modernización de las Administraciones locales. Es evidente que la irrupción de las nuevas tecnologías ha provocado un cambio en las relaciones sociales, económicas, y también, administrativas e institucionales. Hoy día podemos sentirnos orgullos de tener una Agencia Estatal de Administración Tributaria tecnológicamente avanzada, merecedora de elogios internacionales. Sin embargo, en el ámbito local, queda un largo camino por recorrer. Son todavía muchas las carencias que exigen a la Hacienda municipal dotarse de los medios electrónicos necesarios y acordes con la sociedad actual.
Consideramos esencial que los Ayuntamientos cuenten con los medios electrónicos necesarios que faciliten la gestión tributaria y especialmente a nuestras empresas. La creación de una oficina virtual común para los Consistorios y la utilización eficiente de las nuevas tecnologías, sería beneficioso para los ciudadanos que a través de internet podrían atender y realizar sus funciones fiscales, sino para los propios Ayuntamientos a través de una gestión coordinada y un ahorro de costes. ¿Por qué crear más de 8.000 páginas webs pudiendo existir una única y común para todos los Ayuntamientos?
Esta gestión electrónica coordinada permitiría que los Municipios mantuviesen íntegramente sus competencias, pero al realizarse a través de una única plataforma electrónica, facilitaría enormemente al contribuyente atender sus obligaciones tributarias.
¿Habrá pacto?
Autor: Cristino Fayos, socio de Deloitte Abogados
Este artículo se publicó por primera vez en Expansión el 10 de junio de 2015
