Por si no lo sabias, actualmente el capital mínimo requerido para establecer una Sociedad Limitada es sorprendentemente bajo, ¡Tan solo 1 Euro! Esta característica hace que la Sociedad Limitada sea una opción atractiva para emprendedores y pequeños empresarios que desean iniciar un negocio con recursos limitados.
Hoy, en este interesante artículo, te explicaremos en qué consiste el capital mínimo y por qué siempre debes asesorarte con una gestoría en línea para llevar acabo la formación de tu SL.
El capital social de una Sociedad Limitada (S.L.) representa el valor económico total que los socios o accionistas de la empresa acuerdan aportar en el momento de su constitución. Este capital se divide en participaciones sociales, y su importancia radica en que establece la responsabilidad financiera de los socios frente a las deudas y obligaciones de la sociedad. En otras palabras, el capital social actúa como un respaldo económico que garantiza a terceros que la empresa cuenta con recursos para cumplir sus compromisos financieros. Además, en el contexto de una Sociedad Limitada, este capital se suele dividir en partes iguales o proporcionales entre los socios, lo que determina su participación en las decisiones y los beneficios de la empresa.
En conclusión, el capital social es un elemento esencial en la estructura de una Sociedad Limitada, ya que no solo respalda la empresa, sino que también define la relación financiera entre los socios.
Puede parecer loco, pero la realidad es que actualmente el importe mínimo para constituir una SL es de un euro. Esto ha ocurrido gracias a la Ley Crea y Crece, que representa una reforma legislativa de gran alcance, se enmarca en el Plan de Recuperación (Impulso a la pequeña y mediana empresa) y tiene como objetivo transformar significativamente el entorno empresarial en España.
Esta legislación se erige como un paso fundamental para mejorar las condiciones y oportunidades para el desarrollo pleno de la actividad empresarial, al tiempo que busca reducir los incentivos para que los emprendedores busquen establecer sus empresas en otros países más amigables en términos de requisitos de capital social y regulaciones.
Como hemos mencionado anteriormente, una de las medidas más impactantes y visibles es la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro. Esto marca un cambio radical al eliminar el requisito previo de 3,000 euros, permitiendo que prácticamente cualquier persona con una idea de negocio pueda convertirla en realidad con un capital mínimo. Además, la regulación propuesta establece salvaguardias para proteger a los acreedores, garantizando así que la flexibilidad no se traduzca en riesgos financieros excesivos.
Esta transformación en los requisitos de capital social no solo es un avance en términos de igualdad de oportunidades para los emprendedores, sino que también reduce significativamente los costos de creación de empresas, alineando la normativa española con la de otros países que ya han adoptado enfoques más favorables para el emprendimiento. Como parte de este impulso a la creación de empresas, la Ley Crea y Crece también promueve la digitalización, permitiendo que la constitución de empresas se realice de forma telemática a través del CIRCE. Esto agiliza los procesos, reduce los costos notariales y registrales, y acelera la puesta en marcha de nuevos negocios.
Además de estas reformas destacadas, la Ley Crea y Crece aborda un problema crítico en el entorno empresarial español: la morosidad en las operaciones comerciales. La adopción de la factura electrónica es una de las medidas clave para abordar este desafío, y la ley la hace obligatoria para todas las empresas y autónomos en sus transacciones comerciales. Esto mejorará la trazabilidad y el control de los pagos, lo que es esencial para reducir eficazmente la morosidad. La implementación de la factura electrónica se verá respaldada por recursos destinados a la digitalización de las pymes en el Plan de Recuperación.
Además, la ley incluye incentivos para reducir los plazos de pago y refuerza la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios cumplan con los plazos de pago a los subcontratistas, lo que ayudará a mejorar la liquidez y rentabilidad de las empresas, especialmente las pymes.
Por último, también se centra en una mejor regulación y eliminación de obstáculos a la actividad económica. Esto incluye la simplificación de la legislación existente, la eliminación de regulaciones innecesarias y la creación de procedimientos más ágiles para fomentar la actividad empresarial. Se amplían las actividades económicas exentas de licencia y se refuerza la cooperación entre diferentes Administraciones Públicas, lo que garantiza un ambiente más favorable para las empresas.
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