Los impuestos son el instrumento técnico para sufragar el gasto público. No se trata pues de no gastar más de lo que se ingresa, sino de no exigir más impuestos de los que son necesarios para sufragar el gasto público gestionado de forma eficiente y eficaz.
Todo céntimo de euro mal gestionado es sinónimo de injusticia en la imposición. Por tal motivo, lo prioritario es la reforma estructural del gasto. Analizar su eficiencia y eficacia, su gestión. Y después, y solo después, habrá que definir el sistema tributario y, por tanto, afrontar una reforma del mismo. La prioridad del gobierno al centrarse en esta última es pues, en nuestra opinión, errónea.
Precisado lo anterior, centrémonos ahora en analizar algunas cuestiones que habrían de tenerse en cuenta en la citada reforma.
No hay duda que la diferencia de tipos entre el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades (IS) favorece la creación de compañías que no realizan ningún tipo de actividad productiva. Su principal finalidad es evitar la tributación de hasta el 56 % en el IRPF limitándola al 25 o al 30 % en el IS. Pero esta lícita forma de auto-organizarse mediante la creación de sociedades interpuestas tendría que ser inocua a efectos fiscales ya que, de lo contrario, se desnaturaliza la esencia del IRPF hasta convertirlo en un impuesto injusto que grava la renta de quienes no tienen la posibilidad, la capacidad o el ingenio de evitarlo.
En otro orden de cosas, es también importante la necesidad de recuperar la equidad entre las rentas del ahorro y el resto de rentas, como las del trabajo o las de actividades económicas. El trato desigual en la fiscalidad de ambos tipos de rentas es, sin duda, contrario a los principios constitucionales de capacidad de pago y de igualdad. No hay tampoco que olvidar que no todas las rentas del ahorro tributan en el IRPF, ya que existen instrumentos “ad hoc”, como las sociedades de inversión colectiva, con una fiscalidad privilegiada del 1 % en el IS; fiscalidad que a pesar de estar justificada en casos de verdadero ahorro colectivo, como los Fondos de Inversión, no lo está en el caso de determinadas SICAV, cobijo de importantes patrimonios.
Razones de justicia aconsejan que éstas tributen al tipo que grave las rentas del ahorro, sin perjuicio de que, como ocurre en algún país, dicha tributación sea liberatoria. Es igualmente necesario replantear el régimen fiscal de expatriados para que dicha norma consiga su verdadera finalidad: captar talento residente en otros estados miembros de la UE. Así mismo, es imprescindible reducir y simplificar los tramos del IRPF, reduciendo los tipos marginales máximos e introduciendo una mayor progresividad entre los diferentes niveles de renta.
Con relación a la economía productiva, si el objetivo es el crecimiento económico, es inevitable reducir la fiscalidad del trabajo, la tercera más alta de la OCDE. Hay pues que aligerar la fiscalidad sobre la fuente generadora de riqueza en su estado “puro”: el trabajo. Esto exige reducir las cotizaciones sociales y el IRPF e irremediablemente subir el IVA, medida que hace más injusto nuestro sistema tributario salvo que se compense con políticas de gasto progresivas; medidas a las que hay que añadir la importancia que ha de empezar a tener la fiscalidad verde.
Es además imprescindible garantizar la continuidad del actual tejido empresarial. En este sentido, es también necesario reducir la asfixiante presión fiscal indirecta que soportan hoy las empresas, en particular, las PYMES, y coadyuvar a la capitalización de sus beneficios siempre que se mejore su estructura económico-financiera. Así mismo, hay que replantear los tipos del IS eliminando los incentivos fiscales, con la finalidad que los tipos efectivos de las grandes empresas sean superiores al de los de las PYMES.
"Hay que reflexionar igualmente sobre la conveniencia de un impuesto sobre los grandes patrimonios y abordar una profunda reforma del ISD"
Ahora bien. La principal y más importante premisa para afrontar con garantías la reforma fiscal anunciada por el Gobierno, es garantizar la seguridad jurídica mediante un sistema tributario justo, equitativo, claro, sencillo y eficiente. Pero, más importante aun es cambiar el modelo de relación entre la Administración y el contribuyente o su representante construyendo un verdadero modelo de cooperación entre ambas partes. Un modelo, en suma, en el que se priorice una organización cercana a las necesidades del ciudadano, la máxima información y transparencia para que éste cumpla con sus obligaciones, una comunicación fluida con los ciudadanos para conocer sus problemas y sus necesidades, una necesaria participación de los grupos representativos (asociaciones empresariales, asesores fiscales, entidades financieras, notarios, autoridades de otros países, etc.); que se facilite al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, que se cree una verdadera política de prevención y que exista plena transparencia e información sobre el destino de los impuestos.
Y todo ello sin olvidar una necesaria política de cultura o pedagogía tributaria, es decir, educar a los ciudadanos en la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en lugar de utilizar los impuestos en clave electoral.
Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF
