Asesoria & Asesores Fiscales
Una solución a la cuestión territorial resulta prioritaria para más de la mitad del tejido empresarial nacional.

Los empresarios se mantienen a la expectativa sobre la formación de un nuevo gobierno, pero esperan que este se centre en reducir la deuda pública y los costes laborales y que aplique un mayor control al fraude fiscal. En paralelo, siete de cada diez considera que la economía española está estancada o desacelerándose.

Estas son dos de las principales conclusiones de la última oleada del International Business Report (IBR), la encuesta de la firma de servicios profesionales Grant Thornton, que, en esta ocasión, preguntó con carácter previo a las últimas elecciones qué esperaban del nuevo gobierno o cómo veían la situación económica que atraviesa nuestro país una muestra de 400 ejecutivos.

De esa encuesta se extrae, por ejemplo, que los empresarios españoles consideran que la primera prioridad del nuevo gobierno ha de ser la reducción de deuda pública (32%), seguida de un mayor control del fraude fiscal (26%) y de poner en marcha políticas encaminadas a reducir los costes laborales (23%).

Según Alejandro Martínez Borrell, presidente de Grant Thornton, “la principal demanda de los empresarios españoles, consistente en reducir la deuda pública, está en línea con los últimos anuncios de la Comisión Europea, que apuntan a la existencia de desequilibrios macroeconómicos en España, debido a nuestro elevado nivel de deuda pública en un contexto de alto desempleo y débil crecimiento de la productividad”.

Entre los temas transversales que los empresarios creen que el nuevo ejecutivo debe prestar una mayor atención, destaca la educación, crítica para el 80% de los encuestados. Este dato es consistente con la intención del 42% de los mismos de invertir más en la cualificación de sus empleados en los próximos doce meses, y apunta, según Martínez Borrell, a que “nuestros empresarios están especialmente preocupados sobre el nivel de cualificación de la población, que puede ser un gran lastre en un contexto globalizado y de desaceleración mundial”.

Tras la educación, la segunda cuestión a la que los empresarios creen que el nuevo gobierno debería dedicar mayores esfuerzos es el mercado laboral. En concreto, siete de cada diez empresarios muestran su preocupación por el actual marco laboral y reclaman al Gobierno medidas durante la próxima legislatura. Por su parte, la apuesta del gobierno por el I+D también resulta de vital importancia para los encuestados, en un contexto en que un 42% de los mismos prevé incrementar sus propias inversiones en investigación y desarrollo en el próximo año.

Preocupación por la presión fiscal y la cohesión regional

Los incentivos fiscales se presentan también como una de las principales demandas de los empresarios una vez comience su andadura el nuevo Gobierno. Cinco de cada diez encuestados considera de vital importancia abordar reformas en materia de fiscalidad para impulsar la internacionalización de las empresas españolas y la promoción exterior.

Una posición que contrasta con los mensajes deslizados por el actual Gobierno que relacionan sus futuras políticas en ese sentido con previsibles subidas impositivas. La estabilidad política en relación a la cuestión territorial se muestra también como una de las cuestiones a las que los empresarios españoles otorgan una mayor importancia.

Más del 60% de los encuestados pide una solución urgente a una incertidumbre que resulta perjudicial para la atracción de las inversiones y la generación de riqueza.

Preguntados sobre qué grandes cuestiones del contexto internacional deberían preocupar más al Gobierno, los empresarios sitúan en primer lugar a la transformación digital (77%), en segundo al Brexit (63%), y, en tercero, a la guerra comercial entre Estados Unidos y China (62%).