El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a la nueva ley hipotecaria, una medida que regulará uno de los sectores clave para la economía nacional. La nueva legislación llega con casi tres años de retraso y con la amenaza de una multa de Bruselas por valor de 105.000 euros al día.
Aunque la base del texto la dejó hecha el ministro Luis de Guindos, el Gobierno de Sánchez trabajó sobre el borrador reforzando algunas cuestiones en aras a proteger más al cliente; el nuevo texto, aprobado ahora tras el consenso de los partidos, entrará en vigor en tres meses.
La normativa llega, así, para aumentar la protección del cliente que firma una hipoteca y corregir las deficiencias del sistema que apuntaba la justicia europea. Entre los principales cambios, se abarata la amortización anticipada de la hipoteca, se rebajan los intereses de demora y se obliga a que sean las entidades financieras quienes asuman la mayoría de gastos derivados de la concesión de la hipoteca, a excepción de los costes que la tasación; las cláusulas suelo quedan anuladas y se establecen mecanismos que facilitan que la hipoteca cambie de variable a fija.
Para garantizar la transparencia se impone que el cliente firme ante notario entendiendo todas las condiciones del crédito, una medida que, sin embargo, algunos contemplan como una manera de proteger a los bancos antes futuras demandas judiciales. En cualquier caso, el cliente dispondrá de toda la información 10 días naturales antes de la firma de la hipoteca. Del mismo modo, y para evitar la burbuja, se prohíbe a los bancos que retribuyan a sus trabajadores en función del número de hipotecas concedidas.
Principales claves de la nueva ley hipotecaria: