Impuestos justos son los que se destinan a sufragar políticas de gastos eficientes y eficaces. Y la eficiencia es hoy uno de nuestros mayores déficits.
La reforma presentada por el Gobierno, cuyos detalles se conocerán en los próximos días, es, en ese sentido, irresponsable porque ignora el destino de los impuestos. Y lo ignora porque se acomete sin redimensionar la estructura del gasto, sin cuantificar su importe, sin definir el Estado del Bienestar que nos podemos permitir y sin debatir el modelo de financiación para mantenerlo.
Ignora además las recomendaciones europeas que proponen aumentar el IVA como medida imprescindible para mantener el actual Estado del Bienestar, propuesta que ignora, también, la necesidad de reducir antes el gasto público.
Y reforma, también, que no soluciona la falta de eficiencia e inequidad del sistema tributario por su bajo nivel de recaudación, a pesar de contar con tipos impositivos elevados, por el trato desigual de los diferentes tipos de renta y por su cada vez menor progresividad global. Sistema, también, que penaliza la creación de empleo y la generación de riqueza.
Se trata, igualmente, de una reforma imprudente, porque así hay que calificar el reducir los impuestos en momentos de desequilibrio presupuestario. Y reforma, en fin, que no soluciona los muchos males de los que adolece el sistema tributario ni reconoce el fracaso de su modelo de gestión.
Dicho esto, hay que reconocer que la reforma reduce la presión fiscal en el IRPF, entre otras, de las rentas bajas y medias, a pesar de que con ello no se incentive necesariamente el consumo sino que se les aleje de su actual empobrecimiento.
Se mejora la tributación familiar y, sobre todo, los denominados “beneficios sociales” y se incluyen medidas para incentivar el ahorro a largo a plazo a través de fórmulas distintas a los Planes de Pensiones. La reducción del tipo marginal máximo del IRPF, el 56 % en Catalunya, aleja el impuesto de su posible confiscatoriedad pero mantiene su gran diferencia con el tipo del Impuesto sobre Sociedades en el que se reordenan acertadamente sus tipos efectivos mediante la eliminación de una parte importante de los incentivos fiscales.
Se mantiene la deducción por I+D+i y por reinversión, y se crea, aunque tarde, una nueva deducción para incentivar la capitalización de las empresas que, a expensas de su regulación concreta, es una apuesta decidida contra el endeudamiento empresarial.
Para las PYMES se crea, además, la denominada reserva por nivelación que, conjuntamente con la de capitalización, permite reducir el tipo impositivo al 20%.
En definitiva, un conjunto de medidas que distan de ser la reforma fiscal global y con profundidad que requiere nuestro sistema tributario y que continúa viviendo a espaldas del principal objetivo: sufragar políticas de gasto eficientes y acometer la reforma estructural de las Administraciones Públicas.
Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF
Artículo publicado en La Vanguardia el 21/06/2014
