El Tribunal Supremo ha establecido un criterio relevante sobre quién puede emitir los informes técnicos y jurídicos determinantes en los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística, especialmente cuando estos documentos sirven de fundamento para adoptar medidas como la demolición de obras ilegales.
Cuando un Ayuntamiento inicia un procedimiento destinado a restablecer la legalidad urbanística, por ejemplo para ordenar la demolición de unas obras ejecutadas ilegalmente en suelo no urbanizable, puede necesitar informes técnicos y jurídicos que justifiquen la decisión administrativa.
El caso examinado por el Tribunal Supremo afectaba a un Ayuntamiento de reciente creación que no disponía de medios técnicos propios, por lo que solicitó asistencia a la Diputación correspondiente. A partir de los informes elaborados se determinó que las obras eran incompatibles con el planeamiento urbanístico y, en consecuencia, se acordó su demolición.
Los propietarios afectados recurrieron la decisión al considerar que dichos informes no habían sido emitidos por personal con la condición y cualificación adecuadas para desempeñar esas funciones.
El Tribunal Supremo dio la razón a los recurrentes y destacó que los documentos analizados no podían considerarse simples informes auxiliares o de apoyo.
Se trataba de informes preceptivos y determinantes, ya que constituían el fundamento material de la resolución administrativa finalmente adoptada. Esta circunstancia resulta especialmente relevante en procedimientos de carácter coactivo como los relacionados con la disciplina urbanística.
Según el criterio establecido, no es suficiente con que la persona encargada de elaborar el informe disponga de determinados conocimientos o de una habilitación administrativa interna. Algunas funciones están reservadas a funcionarios públicos con la cualificación correspondiente como garantía de objetividad, imparcialidad e independencia en la actuación administrativa.
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