Con la prudencia propia de su complejidad y a partir de la información que hasta hoy se conoce, conviene reflexionar sobre las tarjetas black de Caja Madrid/Bankia.
Su destino, sin duda, es lo que más indignación ha producido. Sin embargo, este es técnicamente irrelevante ya que lo importante es el hecho en sí mismo, esto es, la concesión de tarjetas de crédito para uso particular con límites cuantitativos y casuística distinta y con intención presuntamente fraudulenta.
Se trata, además, de una concesión consentida y conocida por quien entregaba y utilizaba la tarjeta. Al menos, esa es la conclusión que se deduce de su operativa; concesión, también, con intención de cierta opacidad ya que, según parece, la entidad contabilizaba las disposiciones como "quebrantos", cuando, en realidad, se trata de verdaderas rentas del trabajo sujetas a retención. No son pues gastos de representación ni gastos de empresa, salvo en la cuantía que así se justifique. Podrían ser, también, una extraña línea de crédito que reintegrar. Pero en nuestra opinión son, sin más, una mayor retribución, sin perjuicio, claro está, de supuestos excepcionales. De ser así, estamos ante un comportamiento intencionadamente fraudulento; circunstancia que corrobora nuestra opinión sobre la intencionalidad de las tarjetas y hace poco creíble la opinión de quienes estaban convencidos de que la entidad practicaba la retención y la incluía en la información fiscal anual. Y si se trata de rentas del trabajo, la AEAT ha de proceder a su regularización inmediata, sin perjuicio de la devolución que en su caso proceda en virtud de una futura resolución judicial que exija el reintegro de los importes utilizados por tratarse de un supuesto de apropiación o utilización indebida. Y la AEAT ha de extremar, también, sus controles para evitar situaciones similares.
Sea como fuere, para quienes cumplimos con nuestras obligaciones tributarias, es duro asumir que la falta de control haga que la prescripción tributaria, figura sin duda necesaria, deje impunes actuaciones fraudulentas.
Es evidente que, al margen de los principios contables, la auditoría, al tratarse de una empresa bajo control público, tendría que haber extremado sus precauciones. Es también posible que la AEAT se haya de replantear sus actuaciones de control. Y es igualmente evidente que han fallado mecanismos de control interno y administrativo. Pero además de su ilegalidad, las tarjetas black son también la constatación de la crisis de ética y de valores que padecemos; de la actitud de quienes no se sonrojan con su comportamiento inmoral; un ejemplo de falta de transparencia y un avance en la pérdida de referentes morales. Y la solución, no nos engañemos, no es endurecer la norma. Es construir una sociedad asentada en principios éticos y morales. ¿Qué más ha de pasar para convencernos?
Yo, al menos, me siento idiota y desengañado. ¿Y usted?
Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF
Artículo publicado en La Vanguardia, 20 de octubrede 2014
