El 5 de octubre fue presentado el paquete de informes del ambicioso Plan de Acción BEPS, impulsado por los estados miembros de la OCDE y el G-20, y que se erige como la más poderosa ofensiva contra las prácticas fiscales abusivas. En estimaciones de este mismo organismo multilateral, la pérdida de recaudación tributaria se sitúa entre los 100 y los 240 billones de dólares anuales.El compendio de recomendaciones de la OCDE se agrupa en 15 acciones que pretenden redefinir unas nuevas reglas de juego en la fiscalidad internacional, con normas más homogéneas entre los países y, como no podía ser de otra forma en la era de la información, más transparencia exigida a los contribuyentes.
Homogeneidad y transparencia:
Dos objetivos loables cuya consecución depende no de su definición, sino de su implementación. El gran sueño americano nos recuerda una y otra vez que el éxito no se consigue sólo con buenas ideas, sino siendo capaz de materializarlas. Y ése es precisamente el riesgo al que todos –administraciones fiscales y contribuyentes– nos enfrentamos.
El éxito del Proyecto BEPS no depende tanto de la calidad de las recomendaciones, sino de que administraciones y contribuyentes sean capaces de aplicarlas en términos razonables.En la búsqueda de la homogeneidad, administraciones y contribuyentes tienen deberes que hacer. Las primeras deberán trasponer en términos homogéneos y consistentes entre los distintos países las recomendaciones de la OCDE. Pero, sin duda, algo más importante será la interpretación y aplicación posterior que hagan de las propias normas. En otras palabras, definir unas pautas internacionales sobre cómo medir el colesterol en sangre y cuáles son los parámetros que denotarían un estado saludable del paciente no es condición suficiente para garantizar que el resultado del diagnóstico sea el mismo en dos países distintos. Los contribuyentes tendrán el deber de conocer y aplicar la normativa fiscal con el mismo rigor que se espera de las administraciones. En definitiva, velar por llevar una dieta saludable que se refleje en una analítica dentro de los parámetros recomendados.
Respecto del segundo objetivo, el de la transparencia, el Proyecto BEPS nace desequilibrado. Surgen nuevas obligaciones de información para los contribuyentes que afectan en nuestro país a grupos a partir de 45 millones de facturación o de 750 millones. Mientras tanto, no se exige la misma transparencia a las administraciones a la hora de definir, aplicar y publicar los criterios interpretativos en el ámbito de una inspección fiscal. Queda por tanto supeditado el objetivo de la transparencia a un término tan etéreo como es el de la buena fe.¿Cuál es el efecto más inmediato que va a tener el Proyecto BEPS en muchos contribuyentes?
Las reglas han cambiado y no todo lo que se ha considerado tradicionalmente como una dieta saludable va a seguir siéndolo en el futuro. Por este mismo motivo, recomiendo hacer algún test previo, aunque sea limitado, antes de que nos cite el doctor para una analítica completa.
