Es cierto que el empresario tiene la potestad de adoptar las medidas de vigilancia y control que considere oportunas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones laborales de sus trabajadores.
Sin embargo, ¿debemos considerar que grabar a los trabajadores en el puesto de trabajo forma parte de esa facultad de control y vigilancia?
Las cámaras de video vigilancia han servido para detectar robos, ausencias laborales y, en general, para proteger al empresario ante empleados que no cumplían sus funciones. Pero, ¿es válida esa prueba?
Esta es una cuestión muy controvertida, y que a la vez forma parte del día a día de la realidad laboral. Por ello, tanto si eres empresario o trabajador, tal vez te preguntes:
En este artículo te explicamos si es posible y cuáles son los requisitos que se deben cumplir.
Si su empresa quería instalar una cámara de video vigilancia para controlar la actividad de sus trabajadores, podía hacerlo siempre que hubiera preavisado a sus trabajadores.
Es decir, se debía informar de la instalación de la videocámara con carácter previo e indicando de forma precisa, clara e inequívoca que su finalidad era el control de la actividad laboral de los trabajadores.
Si se instalaba una cámara sin cumplir este requisito y después se utilizaba la grabación para despedir a un trabajador, el despido era nulo. Ello, aunque la grabación demostrara que el trabajador había incumplido sus obligaciones.
A partir de la sentencia de 3 de marzo de 2016 del Tribunal Constitucional, se permite la instalación de cámaras de seguridad sin el consentimiento previo de los trabajadores.
Por tanto, ya no es necesario que los empresarios dieran una información «previa, expresa, precisa, clara e inequívoca» a los trabajadores sobre la finalidad de instalar cámaras de captación de la imagen en los puestos de trabajo.
Tal y como recoge la Ley de Protección de Datos, el consentimiento del trabajador vendría implícito con la firma del contrato de trabajo, siempre que exista una cláusula que lo especifique y en la propia facultad de dirección del empresario.
No obstante, el deber de información no desaparece por completo.
El Tribunal Constitucional establece que los trabajadores deben ser informados genéricamente de la instalación de cámaras, pero sin necesidad de que el empleador concrete los propósitos de la medida y el alcance del tratamiento de esos datos personales.
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