Asesoria & Asesores Fiscales

En ECM Asesores, nos hacemos eco de una noticia publicada en Cinco Días, relativa al balance general de la legislatura del actual gobierno para combatir el fraude fiscal y evitar delitos tributarios. A modo de resumen recopilamos los puntos básicos que se han ido aprobando y aplicando a lo largo de estos 4 años, para acercaros la actualidad económica como especialistas en la auditoría de los sectores fiscales, laborales, mercantiles y contables. 

El Gobierno de España y Hacienda aseguran que hoy engañar al fisco es más difícil y conlleva mayores sanciones que hace cuatro años. Así, la ley contra el fraude fiscal que el Gobierno aprobó en 2012 incorporó la obligación de informar sobre los bienes en el extranjero. Este nuevo requisito, que se anunció durante el proceso de la amnistía fiscal aprobada al inicio de la legislatura, ha permitido a Hacienda descubrir que los residentes en España tienen bienes en el extranjero por valor de 126.000 millones, cifra que equivale al 12% del PIB. La obligación de declarar los bienes en el extranjero se acompañó de un duro régimen sancionador que actualmente la Comisión Europea está analizando.

En España está prohibido desde noviembre de 2012 pagar más de 2.500 euros en efectivo. Una medida que se adoptó para atajar la economía sumergida y que no se aplica en operaciones entre particulares. Es decir, la prohibición rige cuando al menos una de las partes de la operación es una empresa o profesional. Incumplir la ley conlleva una multa equivalente al 25% del coste de la operación y Hacienda puede exigir el cobro de la sanción al comprador y al vendedor o establecer que se pague de forma solidaria. Además, la Agencia Tributaria formalizó la figura del delator fiscal. Es decir, quien incumpla el límite de los 2.500 euros podrá denunciar el hecho ante la Agencia Tributaria, lo que le exonerará de cualquier responsabilidad.

La tributación por módulos, que permite que autónomos y pequeños empresarios tributen en función de variables objetivas como los metros cuadrados de su local, el número de empleados o el consumo energético, siempre ha levantado reticencias en la Inspección tributaria. El actual Gobierno estableció que aquellos empresarios que facturen más del 50% de sus operaciones para otros autónomos o empresarios no pueden acogerse al sistema de módulos. El objetivo es luchar contra las facturas falsas.

La reforma de la Ley General Tributaria que entró en vigor recientemente contempla la publicación a finales de año de la lista de contribuyentes con deudas fiscales superiores al millón de euros. Además, también se empezará a publicar en breve en el BOE la identidad de los condenados por delito fiscal.

(Cinco Días, 22-10-2015)