A nadie le sorprende que, ya desde el pasado 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el brote de Coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional, ello supondría una crisis sanitaria sin precedentes que impactaría en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios.
Pasado ya más de un año desde entonces, ha quedado claro que el Coronavirus ha cambiado nuestras vidas y nuestra manera de trabajar. Determinados sectores, como la hostelería o el turismo han acusado sus consecuencias en mayor medida, también el sector “retail”, con la reducción de horarios y el cierre de centros comerciales, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno de España y los diversos Gobiernos Autonómicos, restricciones que han impedido en mayor o menor medida el ejercicio de determinadas actividades.
Estos sectores se han visto muy perjudicados, no solo por la drástica reducción de ingresos, sino porque han tenido que seguir soportando determinados gastos pese a las ayudas del Gobierno, más o menos discutibles. Entre estos gastos encontramos, por ejemplo, los alquileres de locales comerciales.
En referencia a estos locales comerciales, el Gobierno, mediante el RD-L 15/2020 aprobó medidas destinadas a proteger a autónomos y pymes, mediante las cuales se pretende, entre otras cosas, “regular un procedimiento para que las partes puedan llegar a un acuerdo para la modulación del pago de las rentas de los alquileres de locales”. Posteriormente, aprobó el RD-L 35/2020 como una “continuación y mejora” del anterior. El Real Decreto Ley 35/2020, de 22 de diciembre, incluye medidas para reducir la carga de los alquileres de pymes y autónomos que se aplican tanto a grandes tenedores como al resto de arrendadores, incorporando en este último caso incentivos fiscales.
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