La reforma energética iniciada en 2012 y concretada –por apuntarlo de algún modo– el mes de julio del año pasado no ha dejado indiferentes a los operadores del sector de las energías renovables. Desde que se hizo pública la propuesta de reforma energética diseñada por el Gobierno, han sido numerosas las voces que han puesto de manifiesto las trabas para el desarrollo de las energías renovables que se derivan de esta reforma. En realidad, el paquete legislativo desarrollado a estos efectos ha generado gran inquietud y malestar entre los operadores y asociaciones del sector renovable.
Estas últimas semanas la prensa se ha hecho eco de las consecuencias que la propuesta de Orden de parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos implica para las empresas del sector de las renovables –la más llamativa, el vertido ilegal de purines por el cierre de plantas destinadas a su tratamiento–. Dicha Orden supone la desaparición del sistema de primas sobre la base del cual se habían financiado y desarrollado la gran mayoría de los proyectos renovables, que pasarán a estar remunerados en atención al principio de ‘rentabilidad razonable’ –concepto que el Gobierno podrá revisar discrecionalmente cada seis (6) años, añadiendo mayor incertidumbre entre los operadores–.
Se agrava entonces un panorama deteriorado de por sí y en el que muchos proyectos dejan de ser viables. Conceptos como ‘refinanciación’, ‘quitas’, ‘concurso de acreedores’ y ‘cierre’ están al orden del día en este sector.
Lo cierto es que la continua inseguridad jurídica –con medidas retroactivas que ponen en riesgo las inversiones realizadas–, en su momento ya paralizó muchas de las inversiones programadas en nuestro país. Sin embargo, las últimas medidas proyectan una avalancha de nuevos activos ‘tóxicos’ para las entidades financieras que financiaron proyectos verdes y, especialmente, fotovoltaicos –uno de los sectores más castigados con la reforma–. En esta línea, el pasado mes de diciembre, Banco de España empezó a solicitar información a las entidades financieras sobre su exposición real a los riesgos del sector renovable. Descartada la aplicación de la Sareb (el famoso ‘banco malo’) para la absorción de los activos renovables tóxicos, aparecen los ‘fondos buitre’ que, desde que se iniciaron los primeros ajustes normativos, han estado al acecho para hacerse con activos a precio de derribo. El general rechazo inicial a este tipo de salidas está empezando a suavizarse en el actual entorno y, en particular, considerando la inseguridad a futuro por las eventuales revisiones posteriores por parte del Gobierno de la rentabilidad razonable del proyecto.
Sin perjuicio de ello, obviando las rentabilidades que en su día se calcularon sobre la base de las primas ofrecidas en dicho momento, resulta oportuno recordar que (i) las empresas renovables son sostenibles en el largo plazo y (ii), en todo caso, el desarrollo de proyectos verdes que no estén sujetos a umbrales de rentabilidad distorsionados –e.g. las primas inicialmente concedidas– puede ser una buena oportunidad de negocio con retornos atractivos.
Dicho lo anterior, no se prevé que los descuentos que vayan a aplicarse en este tipo de activos tengan el mismo empaque que los aplicados en las deudas del mercado inmobiliario. Asimismo, algunas entidades financieras ya han empezado a mantener conversaciones iniciales oficiosas con los propietarios de estos proyectos en relación con los términos en los que puede cerrarse una eventual refinanciación de la deuda.
Está por ver en qué términos se concretarán las negociaciones en atención a la continuidad estimada del propio proyecto en base al nuevo marco normativo. Lo que está claro es que el mapa empresarial de las renovables va a sufrir un profundo cambio que será aprovechado por algunos para el desarrollo de nuevos negocios.
Adriana Lafuente
Abogada
