Asesoria & Asesores Fiscales

El Consejo de Ministros aprobó ayer, 27 de octubre de 2020, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 (PGE), que remitirá a las Cortes Generales y que, tal y como se desprende de las publicaciones en prensa y del anuncio oficial en la web del Gobierno (su articulado aún se desconoce) contiene relevantes medidas de índole tributario.

En el Impuesto sobre Sociedades,se reduce del 100 al 95 por ciento la exención para evitar la doble imposición aplicable a los dividendos y plusvalías derivadas de participaciones en filiales en el exterior, si bien las entidades con un volumen de negocio inferior a 40 millones de euros podrán seguir aplicando la exención del 100 por cien respecto de los dividendos durante los próximos tres años.

Esta novedad, ya propuesta hace dos años pero que nunca llegó a aprobarse, constituiría una de las más importantes de las incluidas en los PGE y afectaría, según ha indicado el Gobierno, a 1.739 sociedades.

La propuesta publicada suscita inevitablemente varias dudas que, suponemos, se aclararán una vez se conozca su redacción completa y se avance en la correspondiente tramitación parlamentaria. Por ejemplo, ¿la limitación resultará aplicable a filiales residentes y no residentes en España o solo a entidades en el exterior, como se indica en la nota de prensa publicada? En tal caso, ¿estaríamos ante un trato discriminatorio? En el supuesto de que existan varios niveles de sociedades participadas, ¿se tributará únicamente en el primero (primera distribución del dividendo) o también en distribuciones ulteriores? ¿Tendrá esta medida incidencia en grupos de consolidación fiscal? ¿Cuál será su ámbito temporal de aplicación? ¿Cómo se determinará el volumen de negocio a efectos de la excepción aplicable durante tres años a determinadas entidades?

Además de lo anterior, se impone a las SOCIMIs una tributación mínima del 15 por ciento sobre sus beneficios no distribuidos.

En el IRPF,se recoge un aumento de dos puntos para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y de tres puntos para las rentas del capital a partir de 200.000 euros, lo cual afectará, según apunta el Gobierno, únicamente al 0,17 del total de contribuyentes (unos 36.000 declarantes).

También se reduce de 8.000 a 2.000 euros el importe de aportaciones máximas del partícipe a planes individuales o de empleo susceptibles de reducir la base imponible del Impuesto. No obstante, el límite conjunto de reducción (aportaciones del partícipe y de la empresa) se amplía de 8.000 a 10.000 euros.

En el Impuesto sobre el Patrimonio,se contempla que tenga un carácter indefinido, sin que sea necesario prorrogarlo año tras año, y se incrementa un punto (del 2,5 al 3,5 por ciento) el gravamen del último tramo (a partir de 10.695.996,06 euros).

En materia de IVA, y con el objetivo de "fomentar hábitos más saludables de la población y seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (…)”, se incrementa el tipo de gravamen del 10 al 21 para la venta de bebidas azucaradas y edulcoradas (no para su consumición en bares y restaurantes).

En el Impuesto sobre Hidrocarburos, se incrementa el tipo estatal general del gasóleo de 30,7 céntimos por litro a 34,5 (se reduce así la bonificación hasta 38 euros por cada mil litros). Se mantiene sin cambios la tributación sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado.

En el Impuesto sobre las Primas de Seguros, se incrementa el tipo de gravamen del 6 al 8 por ciento.

Finalmente, en el ámbito de la denominada fiscalidad verde se encuadran también el Impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables (figura que ya fue sometida a consulta pública y cuyo objetivo es reducir el consumo de este tipo de productos y priorizar otros reutilizables) y el Impuesto estatal sobre residuos (con el que se pretende penalizar las opciones de gestión de residuos menos sostenibles, el depósito en vertedero y la incineración).

Diego de Miguel

Socio

Ricardo Héctor

Counsel