La Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LEP) establece en su número 1 que en 2020 se deberán cumplir los límites establecidos en los artículos 11 y 13 de dicha Ley, entre otros, que el volumen de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas no supere el 60 por ciento del PIB expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea. Este límite, recordémoslo, se distribuye de la siguiente forma: 44 por ciento para la Administración central, 13 por ciento para el conjunto de CCAA y 3 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales.
Para conseguir tal objetivo, la citada Disposición Transitoria establece que la ratio de deuda pública sobre PIB para cada Administración se reducirá al ritmo necesario en promedio anual para alcanzar, en cualquier caso, el límite citado.
Como ya sabemos, el importe de la deuda pública en los PGE continua manteniéndose cercano al 100 % del PIB. Esto quiere decir que difícilmente se va a cumplir el objetivo presupuestario legalmente impuesto incumpliéndose, pues, el mandato del artículo 135 de la Constitución.
Recordar, también, que el principio de sostenibilidad financiera recogido en el artículo 4 de la LEP significa la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en dicha ley.
Pero hay más; desde ya hace años nos financiamos a través de déficit público, esto es, y para entendernos, que los gastos son superiores a los ingresos, con el consiguiente deterioro financiero.
Sigamos. El artículo 7 de la LEP consagra el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos concretando su número 2 que la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público. Creo, sinceramente, que todavía hay mucho camino que recorrer por esta senda en la que, por cierto, la transparencia brilla por su ausencia.
La situación presupuestaria es pues cuanto menos preocupante en términos actuales y de compromiso intergeneracional. Vaya; algo tan sencillo como que si el Estado fuera una empresa privada, su situación sería la de concurso de acreedores con obligada liquidación.
La grave situación exige explicar a los ciudadanos no solo la verdad, sino cuales van a ser las consecuencias reales y cómo va a ser posible la sostenibilidad del Estado del Bienestar. La recuperación económica no va ser suficiente para cubrir los actuales niveles de deuda ni tampoco para cubrirnos de las más que previsibles turbulencias que nos esperan: sostenibilidad de las pensiones, envejecimiento de la población, paro juvenil y estructural, baja tasa de natalidad, avance tecnológico, aparición de robots, y un larguísimo etcétera. Y de ahí, precisamente, mi inicial preocupación por la “abstinencia” legislativa ya que lo que verdaderamente necesitamos es un claro, concreto y sostenible proyecto de futuro.
Pero hay más. No tengo ninguna duda de que si no se hubiesen producido las movilizaciones de los pensionistas, los PGE no incluirían ninguna medida para paliar su pérdida de poder adquisitivo. Esto quiere decir que la previsión del Gobierno no era, precisamente, la de ajustar esa concreta partida presupuestaria. La sensación, pues, es de cierta improvisación interesada y no, como muchos dicen, de sensibilidad social. De sensibilidad, ninguna. Se trata, en mi opinión, de un ajuste a contra corriente. Lo mismo que la curiosa circunstancia de que el País Vasco sea, en 2018, la primera Comunidad Autónoma en inversiones del Estado. ¿Es esta una necesidad presupuestaria real en la distribución territorial de las inversiones o es, por el contrario, una necesidad política para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios? Y lo mismo cabe decir de las medidas fiscales pactadas con Ciudadanos.
En definitiva, tengo la impresión de que los PGE no son el reflejo de una política concreta sino de las circunstancias del momento, echándose de menos el impulso de las medidas necesarias para afrontar con garantías el futuro inmediato. En este contexto, no es pues suficiente con apelar al crecimiento de la economía y a la irresponsabilidad de quienes no apoyen los Presupuestos, sino que es necesario tener la valentía de reconocer la delicada situación financiera, las serias dudas sobre la sostenibilidad del actual Estado de Bienestar y la importante hipoteca intergeneracional que estamos dejando a nuestros hijos, nietos y biznietos no sin reconocer la gravísima situación económica de la que venimos y el enorme esfuerzo que los ciudadanos, fundamentalmente las clases medias y bajas, han hecho para soportar los costes de la crisis de la que muchos todavía no se han recuperado.
