La elusión fiscal se podría definir como aquellos actos o negocios que tienen por exclusiva finalidad la búsqueda de una ventaja fiscal y que carecen de una justificación económica o jurídica “objetiva” distinta de la fiscal. Su línea divisoria con el fraude es tan fina como difusa; la teoría, eso sí, es clara: mientras que el fraude es un acto ilícito, la elusión no. Pero la realidad es mucho más rica y compleja. Digamos, para entendernos, que la elusión se caracteriza por su “artificiosa legalidad” ética y moralmente reprobable.
El fraude, por el contrario, por su ilegalidad. Ambos coinciden en que el instrumento más utilizado es el de los países de baja o nula tributación. Por su parte, la elusión se basa habitualmente en la búsqueda de vacíos o lagunas legales de las que aprovecharse en la legislación internacional. En ambos, el terreno propio de actuación es el internacional. La principal herramienta de lucha contra los dos es la de la transparencia, esto es, la obligación de información recíproca entre países; obligación que exige el compromiso de los diferentes Gobiernos en colaborar conjuntamente y en un mismo sentido. Sea como fuere, nadie puede renunciar a exigir a sus contribuyentes la información necesaria para el adecuado control de sus obligaciones tributarias, fundamentalmente, aquella que se refiere a operaciones más allá de nuestros límites de soberanía.
Pero eso es compatible con afirmar que tributar en un país de baja o nula tributación es lícito. En efecto; una empresa puede ubicar su sede, o la de sus sucursales, en un paraíso fiscal y operar desde este último. Las razones pueden ser fiscales, pero si “realmente” hay actividad económica en ese país, no hay nada ilícito; si hay, para entendernos, recursos humanos y materiales, esto es, actividad “real”, hay empresa. Y en este contexto, los motivos fiscales son irrelevantes; circunstancia, claro está, compatible con la información que cada país ha de exigir a sus contribuyentes con relación a estas situaciones.
Desde esta perspectiva, siempre habrá un lugar recóndito en nuestra amplia geografía mundial que, antes o después, ofrezca un atractivo fiscal a quien invierte en ella. Es lógico y humano. La deslocalización real de bases imponibles por actividades reales y legales no se va a poder evitar nunca. En lo que hay que persistir es en el intercambio de información. Y aun así, el tema es complejo y difícil.
La globalización, las nuevas tecnologías y la internacionalización han cambiado las tendencias empresariales pasando de economías cerradas a economías abiertas y fácilmente “deslocalizables”. Ignorarlo, no es ser realista. La fiscalidad se ha de adaptar pues a ese nuevo entorno global e internacional y encontrar fórmulas imaginativas para gravar las transacciones que se realizan en favor de países con los que no hay intercambio de información. Es tal vez el momento de pensar en una tributación mínima en el país de origen y/o de un tributo armonizado que grave las transacciones que se realicen fuera de la Unión Europea.
Es cierto, también, que el comportamiento ético es cada vez más importante. Pero la ética y la moral guardan una relación directa con la ejemplaridad. Y de eso, precisamente, adolecemos de un importante déficit. De Millet a Pujol, pasando por Urdangarin, Rodrigo Rato, Isabel Pantoja, Núñez y Navarro, Messi y presuntamente Ronaldo. La lista es tan larga como vergonzante. Empresarios, profesionales, políticos y funcionarios. Conocidos y desconocidos. Es igual su ideología. Nadie se escapa. Y sí, la justicia actúa. Pero cuando lo hace, el daño ya está hecho y el sentimiento de impotencia nos invade.
A pesar de ello, no juzgamos igual a un Messi, o a cualquier otro futbolista o artista, que a un empresario o político. Nadie ha abucheado en el campo a Messi por defraudador. Al contrario; ha sido recibido con aplausos en las cercanías de los juzgados y hasta apoyado moralmente por su propio club. No somos objetivos en el reproche de tales conductas.
En realidad, nos mueven parámetros muy dispares. Sea como fuere, sin ejemplaridad pública y privada o, mejor, sin referentes, no se puede predicar la ética y la moralidad. Ya lo decía el propio Ortega y Gasset: sin referentes, la sociedad no evoluciona. Y lo cierto, además, es que la percepción que los ciudadanos tienen de nuestro sistema tributario es la de que es injusto y plagado de privilegios que permiten que quien más renta obtiene no es precisamente quien más paga. Hacienda, ya lo sabemos, no somos todos. Y los que son, pagan por los que no lo son.
En definitiva, si bien es cierto que la lucha contra la elusión y el fraude requiere transparencia e intercambio de información, no lo es menos que exige también que la sociedad repruebe aquellas conductas que son contrarias a la ley, a la ética y a la moral.
Y para ello es necesario que la legalidad se perciba como justa y que su cumplimiento se interiorice como una obligación cívica y ciudadana; que la ejemplaridad y los referentes sociales sean el “pan nuestro de cada día”; que el reproche social frente a la elusión y el fraude no tenga color ni ideología; que exista una verdadera marginación social hacia quienes defraudan; que no exista la percepción de que el dinero lo soluciona todo. Y para eso, es necesario un proyecto nuevo de sociedad en el que la fiscalidad sea una pieza fundamental de cohesión. Vale la pena intentarlo.
Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF
