Asesoria & Asesores Fiscales

Hace tiempo que estoy convencido de que el éxito de nuestro sistema tributario es la ilusión financiera, eso es, el desconocimiento real que los ciudadanos tenemos de la cifra exacta que realmente pagamos de tributos. La sutil intervención de los intermediarios recaudadores, esto es, de quienes nos retienen a cuenta de nuestros impuestos (entre otros, empleadores, entidades financieras, sociedades y arrendatarios), el sabio fraccionamiento de las retenciones, el anestésico pago del IVA a través de nuestras compras y consumo, el invisible hachazo de los impuestos especiales, los diversos cánones por suministros, y la traslación económica de los impuestos, o de parte de ellos, por parte de las empresas a través del precio de venta de sus productos y/o servicios, hace que conocer el importe exacto de la carga fiscal que individualmente soportamos sea tarea imposible.

Tenemos, eso sí, la percepción de que pagamos mucho, de que el fraude es elevado y de que las grandes empresas y patrimonios contribuyen menos de lo que deberían. Pero solo son percepciones. Sea como fuere, detengámonos hoy en la presión fiscal “per cápita” que soportamos centrándonos, para ello, en el año 2014, último del que disponemos información completa.

Aunque desgraciadamente no todas las estadísticas coinciden, las diferencias entre unas y otras no son significativas. Tomando como referencia una de ellas, los ingresos fiscales totales en España, Seguridad Social incluida, ascendieron en 2014 a 356.660 millones de €. La presión fiscal per cápita, esto es, el importe medio que cada español paga en concepto de tributos, asciende a 7.678 €. Por su parte, la presión fiscal en proporción al PIB es del 34,4 %, porcentaje que, siendo alto, se sitúa por debajo de la media europea.

Sin embargo, los datos no reflejan del todo la realidad ya que no todos los españoles tienen una renta. En efecto, la tasa de actividad, esto es, el porcentaje que la población activa (ocupada y parada) representa respecto a la población en edad de trabajar, se situó, en 2014, en el 58,24 %.

Esto quiere decir que el 41,76 % de la población en edad de trabajar no obtiene rentas del trabajo y que, por tanto, no contribuye al sostenimiento de las diferentes Administraciones, salvo que obtenga ingresos por una vía distinta a la del trabajo asalariado o por cuenta propia. Del resto de españoles, solo los pensionistas y quienes obtienen ingresos que no proceden del trabajo contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos.

Si tomamos como referencia el Informe Anual de Recaudación de la AEAT de 2014, la radiografía de la población con rentas sujetas del trabajo, incluidos los empresarios individuales, es la siguiente: 12.644 mil asalariados, 8.937 mil pensionistas, 2.611 mil beneficiarios de la prestación por desempleo, y 3.345 mil empresarios.

Por su parte, las personas declarantes por el IRPF fueron 23.319 mil personas a las que hay que añadir 4.590 mil no obligadas a declarar pero con rentas sujetas. En definitiva, quienes realmente contribuyen a sufragar el gasto público son 27.909 mil personas; es decir, el 60,00 % aproximadamente de los españoles, porcentaje del que cerca de un 41,5 % son pensionistas y desempleados.

Pues bien, si tenemos en cuenta que la carga fiscal la soportan 27.909 españoles, quiere decir que la presión fiscal media que soporta cada uno de ellos es de 12.742,41 €, importe que, si descontamos el IS, asciende aproximadamente a 12.000 €.

Es obvio, pues, que al margen del fraude fiscal, el principal problema es nuestra baja tasa de actividad. Por otra parte, hay que aceptar que un porcentaje importante del desempleo es difícilmente reversible y que, por tanto, tenemos un importante problema de personas vulnerables o con riesgo de exclusión social. Además, el porcentaje de pensionistas sobre el total de los declarantes es desproporcionadamente alto.

En este contexto, no es de extrañar, tampoco, el empobrecimiento de las clases medias. Tales datos no hacen más que confirmar la urgente necesidad de superar un modelo fiscal obsoleto y de crear riqueza y empleo. Pero la reflexión más importante es la de que si tuviéramos que pagar de nuestro bolsillo a la Hacienda Pública 12.000 € anuales, algo más del 45 % del salario medio, la revuelta fiscal estaría casi garantizada.

Es pues necesario que, antes de despertarnos del sueño de la ilusión financiera, se instaure una verdadera cultura tributaria basada en la visualización de los impuestos y en la necesaria solidaridad que el Estado del Bienestar obliga en el marco de un nuevo modelo fiscal que se adapte a nuestra actual realidad económica y social. El riesgo de no hacerlo es inasumible.

Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF

Categoria

Fiscalidad general

Fuente: Durán-Sindreu, abogados y consultores de empresa

Source