“Si cree que el Compliance es caro, pruebe a no tenerlo”. Estas palabras fueron pronunciadas por Paul McNulty, ex Fiscal General Adjunto de Estados Unidos. Y no pueden ser más certeras.
Es indudable que el Compliance, como cualquier otro servicio, implica un coste. Su finalidad es evitar la comisión de delitos en el seno de la persona jurídica. Y, para ello, es necesario destinar una serie de recursos, tanto económicos, como humanos y técnicos.
De hecho, cuando el objetivo aludido no ha podido ser cumplido, los tribunales, en el momento de decidir sobre la exención o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, analizan en profundidad la suficiencia de la partida presupuestaria destinada a Compliance.
Por tanto, contar con un Programa de Cumplimiento Penal eficaz puede evitar la imposición de multas millonarias a la organización, así como la inhabilitación para obtener subvenciones o para contratar con el sector público. Incluso, puede impedir la disolución de la propia persona jurídica.
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