Como era de esperar, los papeles de Panamá están siendo utilizados por unos y por otros de forma interesada. Así, por ejemplo, se elude comentar que altos responsables políticos de diferentes países figuran incluidos en la información que, poco a poco, se va conociendo. Solo el primer Ministro de Islandia ha dimitido. En el resto de los casos, el más absoluto silencio.
Se evita igualmente comentar que el “daño” de figurar en tal información no desaparece por “arrepentirse” poco antes de asumir responsabilidades políticas. Se trata, sin más, de un tema de valores, de actitud, de forma de ser. No valen pues los “arrepentimientos por conveniencia”. Pero nada se dice tampoco al respecto.
Nada se comenta igualmente sobre que tal información es la consecuencia de una exhaustiva investigación periodística y no la del “acoso y derribo” de los Estados al fraude fiscal, a la corrupción y al blanqueo de capitales. ¿Curioso, no? Aparecen, eso sí, nombres de personas muy diversas pero social y mediáticamente relevantes aunque sin conocer muy bien, y en muchos casos, si su actuación fue lícita o ilícita. Poco parece importar la mucha y muy variada casuística que se esconde detrás de tantos datos de tantos años en los que tantas cosas han ocurrido: regularizaciones, inspecciones, amnistías, y un largo etcétera. Se aprovecha, también, para “mezclar” temas que nada tienen que ver: la utilización de las SICAV, los casos de “planificación fiscal agresiva”, la utilización de paraísos fiscales como sinónimo inexcusable de fraude, y otro largo etcétera. En definitiva, una verdadera “pantomima” demagógica con efectos “anestésicos” para eludir el verdadero debate que hay que afrontar y que no es otro que el de la asfixia fiscal de las clases medias y las consecuencias de una economía abierta o globalizada. Empecemos por este último.
Homogeneizar los tipos a nivel internacional es una absoluta utopía que a nadie interesa ya que ningún Estado quiere renunciar a sus propias políticas a financiar con sus propios impuestos. Y es obvio que homogeneizar los tipos impositivos en el contexto de la CEE es insuficiente. En un contexto de economía abierta, siempre existirá un país con tipos impositivos más bajos que el resto que pretenda atraer así a inversores extranjeros. En un contexto internacional, tal actuación es absolutamente lícita. No seamos pues hipócritas. En este contexto, el único instrumento para luchar contra la evasión y la planificación agresiva es la transparencia; transparencia que no solo es el intercambio de información entre países, sino la del inversor con su propio país.
En este sentido, es posible concebir un tributo que grave flujos monetarios que se destinen sin información previa a países con los que no existe un intercambio real de información o que figuren incluidos en la famosa “lista negra” de la que tanto se habla; cabe también pensar, y en determinados supuestos, en una tributación mínima en el país de origen. Pero se apruebe lo que se apruebe, nunca se evitará que las rentas más altas minimicen lícitamente su fiscalidad refugiándose en países de menor tributación que la nuestra. Conseguiremos, eso sí, que se sonrojen. Pero poco más. Y a partir de ahí, las cuestiones “morales” son ya una cuestión de cada Estado y de la importancia que se les conceda. Para mí, mucha. Pero he de reconocer que soy extraño. Pero lo que es innegable es que nadie está obligado a pagar los máximos impuestos posibles sino tan solo los que legalmente corresponden. En este contexto, hay que reconocer que, en una economía abierta y globalizada, las rentas más altas tienen más posibilidades que otras para planificar internacionalmente su tributación. Esta es la cruda realidad; realidad a la que hay que añadir que la empresa es la principal fuente de riqueza “primaria” y de ocupación y el principal “recaudador” de impuestos ya que, no lo olvidemos, su intervención en el sistema fiscal permite recaudar la mayoría de los actuales tributos, IRPF incluido. Sin empresas no hay trabajo, sin trabajo no hay riqueza, y sin riqueza no hay impuestos. Pues bien, ¿qué hacer?
Estoy convencido de que la única vía es reducir la fiscalidad para evitar, primero, que las rentas medias y bajas paguen en exceso, y, segundo, que las rentas más altas tengan incentivos para buscar “refugios” fiscales. Es pues necesario reducir sustancialmente la fiscalidad directa, en concreto, el IRPF. Pero de hacerlo, es necesario compensar la pérdida de recaudación que se producirá. Se trata, en definitiva, de conseguir un sistema redistributivo, eficiente y que desincentive la deslocalización de rentas. ¿Cómo? Mediante el pago en función del nivel de renta por la utilización de determinados servicios públicos. Se dirá, y es cierto, que como sus principales consumidores son una vez más las rentas bajas y medias, acabaremos pagando de nuevo los de siempre. Pero ahí está el quid de la cuestión. Se trata de ofrecer servicios eficientes, eficaces y de calidad. De ser así todos los ciudadanos tendrán interés por consumirlos. Se trata, pues, de conseguir y convencer de la excelencia y competitividad de nuestros servicios públicos. De ser el referente; el ejemplo a seguir. En este contexto apuesto por un sistema mixto de impuestos y precios públicos en función del nivel de renta, apuesta que exige determinar con carácter previo el nivel “óptimo” del gasto a financiar. Eso exige, no obstante, abandonar la demagogia y, claro está, un cambio de cultura. Todo un reto.
Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF
