En una ocasión anterior (La Vanguardia, 8/10/15), tuve la oportunidad de comentar la necesidad de encontrar alternativas ante lo que considero que es hoy un modelo fiscal agotado. La razón, sus importantes déficits redistributivos.
Propuse entonces financiar el gasto público a través de impuestos y de precios públicos en función del nivel de renta. La estructura básica del Estado (y de las CCAA), se financiaría con impuestos, y la estructura social y asistencial se financiaría con precios públicos “progresivos”. Dije entonces, y lo reitero ahora, que no se trata de pagar más, sino de forma diferente. Pues bien; quisiera hoy profundizar un poco más en ello.
Creo sinceramente que la mayoría de los ciudadanos perciben el Estado social como un Estado “subsidiador” y “paternalista”; percepción que se retroalimenta al repetirse reiteradamente expresiones del todo incorrectas como la del derecho a una sanidad pública gratuita, y que dan lugar a la engañosa y dañina “cultura de lo gratuito” que, como “lluvia fina”, va calando poco a poco entre nosotros.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El Estado social ha de promover el interés colectivo que, no lo olvidemos, se financia con nuestro compromiso, esto es, con nuestros impuestos. Se trata de una relación “win to win” en la que todos ganamos y en la que todos somos partícipes activos.
En este contexto, el Estado ha de promover una sanidad y una educación de calidad cuyo beneficiario directo no es otro que la propia sociedad. El objetivo esencial es pues promover un interés social colectivo del que todos nos beneficiamos. Una sociedad sana y educada redunda sin duda en beneficio de todos. Es un activo de la sociedad en su conjunto. Conseguir este objetivo “colectivo” requiere por su parte garantizar los derechos individuales. En efecto; una sanidad y una educación de calidad, como bien colectivo, exige su acceso universal por parte de los ciudadanos. Y ahí radica el problema. Confundimos las prioridades. No se trata de proteger “nuestro” derecho individual, sino el “interés colectivo”, protección que requiere, insisto, un sistema universal de salud y educación pública cuyos beneficiarios sean la sociedad y sus ciudadanos. La primera, como beneficiario directo, y los segundos, como beneficiarios indirectos. Y de ahí, precisamente, la conveniencia de financiar el coste de tales servicios de forma desigual. La parte imputable a la sociedad, con impuestos, y la parte imputable al ciudadano, a través de precios públicos “progresivos”.
En este sentido, la propuesta que hacemos pretende erradicar la cultura de lo gratuito, conseguir una gestión más eficiente del gasto, visualizar mejor los impuestos, aumentar la transparencia y ser más exigentes y críticos en la valoración de los servicios públicos. Se trata, en definitiva, de un modelo de cofinanciación en el marco de un necesario cambio de cultura fiscal. Todo un reto.
Publicado en La Vanguardia (15/03/2016)
Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF
