Asesoria & Asesores Fiscales

En anteriores ocasiones he comentado la necesidad de encontrar alternativas a nuestro actual modelo fiscal que considero agotado. En este contexto, he sugerido un sistema mixto en el que la estructura básica de las Administraciones se financie con impuestos y su estructura social y asistencial con precios públicos en función del nivel de renta o progresivos.

La propuesta se sustenta en la necesidad de un sistema redistributivo y eficiente consciente de las actuales limitaciones internacionales: el avance de la imposición indirecta, la dualización de las rentas y las consecuencias de una economía abierta en un contexto globalizado y de fácil deslocalización. Pues bien; profundicemos hoy un poco más.

El Estado social tiene como finalidad promover el bienestar social; finalidad que se configura como un verdadero “derecho colectivo” en beneficio de la propia sociedad, por ejemplo, el derecho a la sanidad pública. Conseguir este objetivo requiere, a su vez, garantizar “derechos individuales”, en nuestro ejemplo, que el acceso a la sanidad sea universal; derecho individual que no nos debe impedir ver que este no es más que el medio para conseguir el fin: una sociedad sana en términos sanitarios como “beneficio social colectivo”. Si esto es así, quiere decir que ese “beneficio social colectivo” se ha de financiar por todos. El problema es determinar su cuantía ya que un mismo derecho tiene dos beneficiarios: uno colectivo, la sociedad, y otra individual, el usuario.

Pues bien, ¿qué parte financiamos todos y qué parte financia el usuario? Contestar a esta pregunta exige reconocer la existencia de ciudadanos cuya situación económica les impide el acceso “universal” a la sanidad. En estos casos, es obvio que su coste se ha de financiar por todos. Del coste restante, es obvio también que una parte del mismo se ha de financiar con impuestos ya que se trata de un “derecho social y colectivo” del que todos nos beneficiamos.

Y el resto es lógico que lo sufrague quien es su beneficiario directo; pago que para que el sistema sea redistributivo ha de ser en función de su nivel de  renta. Se trata, por tanto, de un sistema de “cofinanciación” del gasto público. No se trata pues de pagar más impuestos que los que ahora pagamos, sino de financiar el gasto de forma distinta; sistema que nos permite reducir el IRPF, desincentivar el trasvase de rentas, desincentivar su deslocalización, reducir el fraude, aliviar la asfixia fiscal de las rentas medias y bajas, y un equilibrio entre progresividad y eficiencia.

Pero además, este sistema nos permite también visualizar mejor los impuestos que pagamos, una mayor eficiencia en los servicios, permitir una valoración de los mismos en términos de “coste-beneficio”, una mayor y mejor pedagogía con relación a su bondad y excelencia, mantener la finalidad redistributiva del sistema, una mayor transparencia de los poderes públicos, erradicar la dañina cultura de lo “gratuito” e  introducir la cultura del “compromiso”.

La propuesta tiene también sus inconvenientes, el principal, que la parte del coste de los servicios que se financian con “precios públicos en función del nivel de renta o progresivos” se cubre, tan solo, por sus usuarios; usuarios que, normalmente, serán las rentas medias y bajas que son las que más dificultades tienen para sufragar su coste. Pero ahí radica, precisamente, su gran virtud: la obligación de los poderes públicos de ofrecer y convencer de un servicio eficiente, competitivo y de calidad. De ahí depende su éxito. En efecto; un sistema verdaderamente redistributivo exige una utilización de los servicios de forma generalizada. Y este es el verdadero “contrato social” que el Estado ha de suscribir tácitamente con los ciudadanos.

Otro inconveniente que el sistema tiene es la dificultad en erradicar la cultura de lo “gratuito” auspiciada por muchos irresponsables políticos; irresponsables porque es sencillamente falso hablar, por ejemplo, de una sanidad “gratuita”. No hay nada gratuito. Todo tiene un coste que se financia con impuestos. Todo lo pagamos entre todos. ¿Qué mejor pues que visualizarlo y valorarlo?

Es también inexacto afirmar que se reducirá, por ejemplo, el precio del transporte público. Y es inexacto porque su coste se mantiene salvo, claro está, que este se reduzca. Reducir pues su precio significa pagar más tributos salvo que se reduzcan otros servicios y se compensen los costes. Pero la verdad es que rechazamos el pago de cualquier servicio porque nos consideramos con el “derecho” a su “gratuidad”.

Todo un engaño al que los políticos juegan hasta convencernos. Desde esta perspectiva, el “Estado subsidiador” es un engaño. Tal vez por ello a los políticos no les interesa que los impuestos se visualicen. Y claro, la propuesta consiste en “afectar” los tributos a servicios concretos.

Este sistema de “cofinanciación” ya se aplica, aunque con matices, en determinados casos, por ejemplo, en la financiación del transporte público urbano. Es pues incorrecto afirmar que este es deficitario, ya que lo que único que ocurre es que una parte de su coste se financia con tributos y otra por el usuario.

Proponemos pues un sistema de “cofinanciación” mixta impuestos-precios públicos en función del nivel de renta o progresivos que, sin aumentar los tributos, nos permita visualizarlos y  obligue a la eficiencia, a la excelencia, a la transparencia y al compromiso, sistema, claro está, que exige determinar con carácter previo el “nivel óptimo” del gasto a financiar.

Toda una apuesta por la transparencia del sistema tributario y todo un reto para nuestros políticos que parecen sentirse más cómodos en la demagogia de la abstracción y no en la realidad de lo concreto.

Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF

Publicado en Expansión (12/05/2016)