Asesoria & Asesores Fiscales

La CNMC está tramitando diversas Circulares que afectan a los sectores de electricidad y gas

Como consecuencia de la atribución de competencias regulatorias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el Real Decreto-ley1/2 019, de 11 de enero (traspasándose a dicho organismo competencias que hasta entonces correspondían al Ministerio), la CNMC trazó una hoja de ruta para tramitar diversas Circulares, las cuales ya han sido sometidas al correspondiente trámite de audiencia. Entre los proyectos en tramitación, se encuentran los que regulan la metodología y condiciones del acceso y la conexión a las redes y la metodología parael cálculo de:(i) los peajes de transporte,redes locales y regasificación de gas natural y peajes de transporte y distribución de electricidad; (ii) la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas natural;(iii) la retribución de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, de las instalaciones de distribución de gas natural y de las instalaciones de transporte de gas natural y de las plantas de gas natural licuado.

Las propuestas fueron informadas por el Ministerio de Transición Ecológica, quien ha puesto de manifiesto la existencia de algunos defectos competenciales y ha manifestado que las propuestas no se ajustan íntegramente a las orientaciones de política energética aprobadas por la Orden TEC/406/2 019, de 5 de abril. Por ello, ha sido con vocada la Comisión de Cooperación entre el Ministerio y la CNMC. Las Circulares han de ser sometidas al informe del Consejo de Estado, si bien el Consejo ha entendido que, previamente, han de someterse al informe del Ministerio de Economía.

Recursos contra las órdenes de actualización de parámetros

Tal y como se ha publicado en el B.O.E., diversas empresas titulares de instalaciones de cogeneración y de tratamiento de purín han interpuesto recurso contencioso - administrativo ante el Tribunal Supremo contra la OrdenTEC /427/2 019, de 5 de abril, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2018. Entre las recurrentes se encuentran sociedades de diversas industrias. Dicha orden, cuya finalidad es actualizar los parámetros de las instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible, no ha tenido en cuenta en dicha actualización el incremento exponencial que ha experimentado el coste de adquisición de los derechos de emisión (CO2) en el año 2018, manteniendo los valores que fueron estimados en el año 2014, antes de las reformas introducidas en el mercado de los derechos de emisión a nivel comunitario. Esto determina que las instalaciones tipo no cubran con la retribución a la operación la totalidad de sus costes de explotación. Habrá que esperar a la orden que actualice los parámetros del primer semestre de 2019, para comprobar si esta situación persiste.

La Comisión Europea revisará la fiscalidad de los productos energéticos

La presidencia de turno del Consejo europeo, que recae este semestre en Finlandia, ha establecido entre sus objetivos la fiscalidad medio ambiental. Estos objetivos coinciden con los de la propia Comisión, que se ha comprom etido a elaborar una propuesta para la reforma de la Directiva 2003 / 96 sobre la fiscalidad de los productos energéticos. La directiva actual establece unos sistemas de imposición mínimos sobre los productos energéticos incluidos en el ámbito de la directiva (electricidad,hidrocarburosycarbón) que deben ser respetados por todos los estados de la Unión, sin perjuicio de que puedan establecer una fiscalidad superior. Hay estados que plantean elevar los tipos mínimos previstos en la directiva de manera que se tengan en cuenta criterios medio ambientales. Adicionalmente, algunos estados miembros están planteando la posibilidad de establecer un impuesto sobre la semisiones de carbono de las aeronaves, impuesto que no convence a todos, como es el caso de España.

  • Por PwC
  • 18/11/2019