Tras las siglas inglesas BEPS se esconden una serie de prácticas de planificación fiscal agresiva que en los últimos años han saltado a los medios ligadas a algunas de las más grandes multinacionales de la nueva economía. La OCDE y el G20 se han puesto manos a la obra para atajar esas prácticas que reducen sensiblemente los ingresos fiscales de los Estados.
BEPS significa “Base erosion and profit shifting” o dicho de una manera simplificadora, reducir al máximo y artificialmente la base imponible del contribuyente y trasladar los beneficios a jurisdicciones con una baja carga fiscal con el objetivo de minimizar la tributación de un grupo empresarial. En pleno apogeo de la crisis los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de estas prácticas correcta o incorrectamente se asociaban a algunas de las compañías multinacionales más populares, y prósperas, de nuestro tiempo. “Planificación fiscal agresiva” puede sonar a eufemismo, pero es en realidad un término preciso. La propia OCDE reconoce, que salvo en algunos casos, se trata de prácticas legales que aprovechan lagunas normativas o los resquicios y “asimetrías” entre normativas de diferentes jurisdicciones. Llevado a su extremo, las compañías en cuestión sólo estarían cumpliendo con su deber para con sus accionistas: maximizar los beneficios y minimizar los gastos.
Pero desde un punto de vista ético estas prácticas pueden provocar una percepción de abuso, de exceso y de falta de equidad, además de un deterioro para la imagen de las compañías que las vienen utilizando. Junto al evidente perjuicio para las finanzas de los estados, la OCDE menciona la distorsión de la competencia, el artificio económico que suponen a la hora de destinar recursos e inversiones y el agravio comparativo con el resto de contribuyentes (que trae consecuencias sobre el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales) como algunas de las principales razones para atajar las prácticas incluidas dentro de BEPS. Pero al mismo tiempo identifica claramente a los responsables. No son las compañías sino la legislación y quienes tienen el poder de instaurarla y modificarla, es decir, los gobiernos.
El Proyecto BEPS, impulsado por la OCDE y el G20, tuvo un origen más radical que se ha ido suavizando en sus últimas iniciativas, aunque sin perder su rigor. Las siete primeras recomendaciones del plan, presentadas el 15 de septiembre y ratificadas hace unos días en la cumbre del G20 intentan buscar un mayor equilibrio entre la erradicación de esas prácticas consideradas perniciosas y la protección de los contribuyentes y de la actividad empresarial internacional. De hecho, la lucha contra BEPS no debe plantearse como una guerra contra las compañías multinacionales o no, o contra una legítima planificación fiscal que tiene en cuenta la realidad de actividades y beneficios. Se trata de desarrollar unas reglas del juego más claras, predecibles, equilibradas y armonizadas.
International Business Report de Grant Thornton
Nuestro estudio en este sentido, enmarcado en el International Business Report, muestra que la mayoría de las 2.500 empresas de 34 países encuestadas están de acuerdo en la necesidad de estos avances. En España los porcentajes de apoyo superan la media global y europea. Además, nuestros empresarios se expresan con claridad contra los denominados paraísos fiscales, un 87% se muestra a favor de su regulación. No es de extrañar, las ventajas de la planificación fiscal agresiva son sólo para algunos pocos y la mayoría de las empresas se encuentra, junto al resto de contribuyentes, en el lado de los agraviados por dichas prácticas.
Sin embargo entre las empresas cunde también el escepticismo en cuanto a los resultados del proyecto BEPS, tan sólo un 23% de media global (un 5% en España) cree que se producirá el consenso internacional necesario para el desarrollo de estas medidas. La competencia entre países por atraer la inversión es feroz, y los gobiernos que basan buena parte de sus planes de crecimiento en proporcionar ventajas fiscales a las multinacionales no sólo están en remotas islas caribeñas sino también en algunos de nuestros vecinos europeos. Parece que el tema BEPS va, pues para largo.
Artículo de Eduardo Cosmen sobre BEPS en cronicaeconomica.com
Eduardo Cosmen
Socio de Fiscal en Grant Thornton
