Asesoria & Asesores Fiscales

Tras dos años de trabajo coordinado entre más de 60 administraciones tributarias a nivel mundial, la OCDE anunció esta semana sus recomendaciones finales para luchar contra la erosión de bases y deslocalización de beneficios (“BEPS”, por sus siglas en inglés). 

Según estimaciones de la OCDE la planificación fiscal agresiva, la falta de transparencia y coordinación entre administraciones tributarias, la competencia fiscal entre Estados y los limitados recursos disponibles a las administraciones, han provocado pérdidas recaudatorias de entre un 4 y un 10% de la recaudación global por impuesto sobre sociedades, es decir, de 100 a 240 mil millones de dólares anuales. 

Con el proyecto BEPS, la OCDE persigue elaborar unos estándares tributarios consensuados a nivel internacional que faciliten a las administraciones de todo el mundo la obtención de información de relevancia tributaria exacta y de máxima calidad con la finalidad de poder organizar de forma más eficiente sus recursos. Los principios rectores del BEPS son:

- Mayor coherencia en la aplicación de los principios de fiscalidad internacional, en aras de evitar supuestos de desimposición, sin, causar nuevos supuestos de doble imposición.

- Los beneficios obtenidos han de tributar en la jurisdicción en la que se desarrollaron las actividades económicas que los generaron.

- Incremento de la transparencia, en el sentido de obligar a las empresas multinacionales a que comuniquen a las administraciones tributarias la información relativa a las actividades económicas que realizan, así como las estrategias fiscales que están aplicando. 

En resumen, las recomendaciones BEPS versarán principalmente sobre los siguientes aspectos:

1. En materia de instrumentos híbridos, a saber, aquellos acuerdos que permiten a empresas multinacionales disfrutar de la deducción de un mismo gasto en dos jurisdicciones distintas; o la deducción de un gasto en un país mientras que el ingreso correspondiente no tributa en el otro país; o bien aquellos otros que dan lugar a deducciones por doble imposición en más de una jurisdicción cuando sólo se ha tributado una vez en el extranjero. Las propuestas de la OCDE están especialmente diseñadas para impedir la operativa de instrumentos híbridos en el futuro. España, ya ha implementado algunas de estas recomendaciones en la reforma fiscal que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2015, al igual que otros países de nuestro entorno, tales como Reino Unido o Alemania.

2. Desde el punto de vista de los precios de transferencia se incide en la existencia de unos estándares mínimos de reporte basados en un master file y un local file junto con la obligación de informar de las operaciones realizadas país por país. España ya ha introducido el informe país por país, con efectos a partir del 1 de enero de 2016, en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades que acaba de entrar en vigor. Reino Unido, Australia y Holanda también se han comprometido a ello.

3. Reforzar la aplicación de los convenios de doble imposición y evitar el disfrute artificioso de los beneficios establecidos en los mismos, por ejemplo, mediante la interposición de sociedades pantalla o carentes de sustancia económica, bien mediante la introducción de cláusulas de limitación de beneficios o de beneficiario efectivo. 

Si bien la OCDE trasladó ayer su optimismo acerca de la pronta y amplia implantación de sus recomendaciones, por el momento, existe cierto escepticismo acerca de que vaya a conseguir su objetivo. Ello es debido a que no todos los países que han participado en el proyecto parecen estar preparados para la implementación de las mismas. 

Así, algunos países parecen adoptar una postura de “esperar a ver qué pasa”, mientras que otros parecen estar dispuestos a adoptar sólo algunas de las recomendaciones y otros parecen estar dispuestos a ir más allá. En consecuencia, no obstante los esfuerzos de la OCDE es de esperar que, al menos, en el corto y medio plazo, la implementación de las recomendaciones del proyecto BEPS generarán situaciones de incertidumbre para las empresas que operan en el ámbito internacional. 

En cuanto a la implantación a nivel europeo, es de esperar que la misma sea elevada puesto que la Comisión Europea y, varios Estados Miembro, entre ellos España, Alemania y Reino Unido, han colaborado proactivamente en este proyecto. 

En este sentido, Pierre Moscovici, Comisario de Economía y Finanzas, ha alabado la adopción del paquete final de medidas BEPS. Asimismo, los Estados Miembros de la Unión Europea han alcanzado el 6 de octubre de 2015 un acuerdo sobre el intercambio automático de información sobre los “tax rulings transfronterizos” acordados unilateralmente por administraciones tributarias nacionales. Según manifiesta el Consejo de la Unión Europea en su nota de prensa este acuerdo sobre una Directiva Comunitaria está en línea con los trabajos publicados por la OCDE en materia de BEPS.

Eugenio García Pérez