El informe Lagares recoge diferentes propuestas para mejorar la fiscalidad de las empresas en el Impuesto sobre Sociedades (IS) que no solucionan, sin embargo, los principales problemas que tienen hoy en día.
La propuesta de los expertos se centra, básicamente, en una reducción de los tipos nominales suprimiendo la totalidad de las actuales deducciones e incentivos fiscales y alguno de los regímenes especiales como el que regula la fiscalidad del leasing y el de las empresas de pequeña y reducida dimensión.
Es cierto que hay que reordenar los tipos del impuesto, entre otras razones, porque el tipo efectivo de las PYMES es ostensiblemente mayor que el del resto de empresas. Y es cierto, también, que la mejor forma de hacerlo es eliminar los incentivos fiscales ya que son las grandes empresas quienes fundamentalmente se acogen a ellos. Un impuesto más eficiente exige tipos más bajos y, por tanto, la correlativa supresión de incentivos de los que convendría mantener, al menos coyunturalmente, la deducción por reinversión de beneficios.
Pero lo que más necesitan hoy las empresas es reforzar la muy deteriorada seguridad jurídica y hacerles más fácil y ágil su día a día. Y sobre eso, ni el informe Lagares ni el Gobierno aportan ningún atisbo de luz. Y lo cierto es que es imprescindible tener unas “reglas del juego” claras, circunstancia que, desgraciadamente, no ocurre. Un ejemplo de ello es la fiscalidad de la retribución de socios y administradores. La jurisprudencia contribuye también a aumentar esa creciente inseguridad jurídica. La interpretación que nuestros Tribunales hacen del concepto de gasto no deducible en el IS es un ejemplo. El principio de confianza legítima está también en horas bajas, ya que cada vez son más frecuentes los cambios de criterio de la Administración.
La asfixiante presión fiscal indirecta desanima a emprendedores y encarece los costes de las empresas. Una empresa mediana presenta hoy un mínimo de 21 declaraciones al año, además de la Seguridad Social, de formular y depositar las Cuentas Anuales, de cumplimentar los libros y registros contables y de atender los diferentes requerimientos de la Administración, sin olvidar otras obligaciones también importantes como por ejemplo la de emitir los certificados para el IRPF de socios, trabajadores y terceros.
Además, claro está, de tener que interpretar las normas y hacer de “controladores fiscales” de muy diversas operaciones o situaciones. Todo un ejemplo de sencillez. Pero lo peor es la sensación de incomprensión y de no ser escuchado. Y lo que es más grave: de desconocimiento de los políticos e incluso de la propia Administración de cuál es la realidad del “campo de batalla”. Todo ello exige un cambio de cultura y de valores del que tampoco dice nada el informe Lagares ni, obviamente, el Gobierno. Una propuesta pues que no libera a las empresas de su asfixia fiscal.
Antonio Durán-Sindreu
Socio Director
Profesor de la UPF
Artículo publicado en LA VANGUARDIA (23/04/2014), con autorización expresa de su autor para su publicación en este portal
